Una respuesta antiliberal clásica al reproche por el creciente gasto público es: “¿Qué gasto bajaría usted?”. Cuando era él y no Montoro el Atila de los contribuyentes, Borrell pidió que los que recomendaban un gasto público menor le dijeran el nombre de la anciana a la que querían dejar sin pensión...
Esto resulta tan devastador que pasa lo que pasa: ningún político de ningún partido de ningún país quiere bajar el gasto público de manera apreciable. Sólo se limitan a sostener valientemente que hay que recortar el gasto superfluo, improductivo, nepotista, corrupto, etcétera, algo que por supuesto existe, como sabe cualquiera que conozca las Administraciones Públicas. Sin embargo, conseguir un gasto público eficaz, productivo, honrado y limpio como una patena no significaría un gasto mucho menor que el actual. Fanfan la Moustache y sus chicos de Faes, supuestos ultraliberales enemigos del centropoidismo de Barbie y los suyos, propusieron un IRPF con un tipo máximo del 40 %, y un gasto público total del mismo porcentaje con respecto al PIB. Esto es lo que hay: that’s all folks!
Como se ve, la fuerza del cliché es abrumadora. Y, sin embargo, es una trampa clásica del intervencionismo que estriba en contar solamente una parte de la verdad, y en presentar el gasto público como si sólo tuviera efectos plausibles, excluida la parte superflua y ladrona, claro. Pero, como he dicho en alguna oportunidad, la última vez que el gasto público sólo tuvo buenos efectos fue también la última vez que fue gratis: el maná.
Desde ese manjar milagroso en adelante, todo el gasto público ha tenido costes, que el poder se ha ocupado siempre de ocultar o minusvalorar, mientras que se ha encargado de subrayar sus beneficios. Por eso nos quedamos desconcertados cuando nos preguntan con ingeniosa malevolencia qué gasto recortaríamos: porque cualquier respuesta señala al perjudicado por dicha reducción, y oculta a los beneficiados por una reducción de impuestos hecha posible por el menor gasto público. Y al revés, cuando sube dicho gasto vemos claramente a los beneficiados, pero no es fácil ver a los perjudicados por los mayores impuestos necesarios para sufragar el mayor gasto: no tenemos los nombres de cada trabajador concreto que esa medida expulsa al paro, ni de cada empresario concreto obligado a cerrar sus puertas.
Y lo que resulta sangrante, volviendo a Borrell, es que los socialistas de todos los partidos aseguren que sin gasto público las viejecitas se quedarían sin pensión, una clamorosa falsedad, y se pavoneen de un sistema público que en realidad les ha quitado la posibilidad de ser las dueñas de unas pensiones dignas. Ahora los dueños son los políticos, y no parece que todo haya sido para el bien de las viejecitas de hoy y mucho menos de mañana.