Las comunidades autónomas, que aún no se han atrevido a desmontar la maraña del gasto público que han acumulado desde que empezó la crisis –según los datos del Ministerio de Hacienda, gastaron 28.000 millones de euros más en 2012 que en 2006–, sí han aprobado una amplia batería de subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas. Junto a los recortes que afectan a los empleados públicos y los cambios normativos en sanidad y en educación (dos medidas que ha tutelado el Gobierno para cumplir con las exigencias de Bruselas), las regiones han impulsado cerca de sesenta medidas en 2012 y en 2013 –exactamente 57– que aumentan la carga tributaria que soportan los contribuyentes.
Según los datos del Programa de Estabilidad 2013-2016 que presentó el Gobierno central, las comunidades han ingresado, o tienen previsto recaudar, subiendo o creando impuestos 4.000 millones de euros en 2012; 3.000 millones, en 2013; 2.000 millones, en 2014, y 2.000 millones, en 2015. Un golpe al bolsillo del contribuyente de 11.000 millones de euros (el equivalente al 1,1% del Producto Interior Bruto –PIB– de un año). En total, todas las Administraciones van a recaudar entre 2012 y 2015 un 4,8% del PIB extra (más de 48.000 millones de euros) por medio de cambios normativos en las principales figuras tributarias, decisiones que reman a favor de la reducción del déficit público pero en contra de la ansiada recuperación económica.
Algunas bajadas
También se han producido algunas bajadas de impuestos en las comunidades en 2012 y en 2013 –el Programa de Estabilidad sólo recoge siete, aunque no incluye, por ejemplo, la bajada del IRPF que prometió el presidente extremeño, José Antonio Monago, en junio–. Ahora bien, las subidas ganan por goleada. Según el Ejecutivo central “tiene especial relevancia el aumento de los tipos del Impuesto del Patrimonio o reducción del mínimo exento; el aumento del tipo impositivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; la aplicación del tramo autonómico del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos; el aumento del canon de saneamiento; o el incremento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en determinados casos. De hecho, Cristóbal Montoro ha incentivado, mediante reuniones privadas con las autonomías más incumplidoras e, incluso con las que cumplen con los objetivos, que lancen subidas de algunos impuestos para reducir los números rojos. El propio Ministerio de Hacienda admite que se ha hecho un gran uso de la capacidad de las regiones de gestionar los tributos cedidos: “La normativa reguladora del sistema de financiación atribuye importantes competencias normativas a las CCAA en relación con los tributos cedidos, competencias de las que las comunidades han hecho un notable uso, especialmente en los dos últimos años”. Las competencias de las regiones para aumentar la carga fiscal de sus ciudadanos son muy amplias tanto en materia directa como indirecta, aunque existen algunos límites de la normativa comunitaria de armonización del IVA y de los Impuestos Especiales. Eso sí, en casos como en la imposición sobre los hidrocarburos y en el Impuesto sobre determinados medios de transporte, las CCAA pueden aprobar el tipo de gravamen dentro de una banda máxima establecida en la normativa estatal. Sin embargo, en el resto de los tributos las comunidades no tienen un tope máximo para elevar los tipos de gravamen, lo que ofrece un potencial muy amplio de crecimiento a sus ingresos tributarios.
En el IRPF, y desde 2010, las comunidades han iniciado un proceso de elevación de la tarifa de gravamen y reducción de las deducciones autonómicas que habían aprobado durante el boom inmobiliario.
También son relevantes los cambios normativos en el Impuesto sobre el Patrimonio. Todas las CCAA salvo la Comunidad de Madrid (que ha sido presionada por Hacienda para que cambiara de opinión) están aplicando efectivamente el impuesto. De hecho, han utilizado sus competencias para aprobar incrementos superiores al previsto por el Estado y reduciendo los mínimos exentos.