He podido leer dos estudios sobre la Hacienda pública española. El primero es Política fiscal: un impuesto sobre la recuperación, y lo publicó Freemarket Corporate Intelligence, la consultora que dirige Lorenzo Bernaldo de Quirós.
Reconoce las mejores señales que revela la economía de nuestro país, pero subraya la deficiente política fiscal, que ha buscado desde el principio enjugar el déficit con alzas impositivas, que son peores que un recorte del gasto a la hora de atenuar y de abreviar la recesión. Añade que el Gobierno se equivocó además al empezar con una importante subida de la imposición directa; medidas de este tipo “tienen siempre consecuencias nocivas sobre la economía y resultan demoledoras en un escenario recesivo”.
El ministro de Economía justificó la política económica del Gobierno alegando que descansa en una subida de impuestos sólo en una tercera parte del ajuste, pero Freemarket recuerda que “los planes de consolidación exitosos reposan en un 85 % sobre los recortes del gasto”, mientras que en España “se han subido los impuestos que más deprimen la economía y no se ha reformado/recortado ninguna de las partidas estructurales del gasto público… no existe estudio teórico ni base fáctica alguna que respalde la política fiscal aplicada por el Ministerio de Hacienda”.
Ningún otro país de la OCDE subió más los impuestos que el nuestro, con el PSOE y con el PP. Y subieron los impuestos en recesión y, además, cuando los otros países de la UE los estaban bajando. Sufrimos impuestos que ya están entre los más elevados de Europa.
El segundo estudio es Las finanzas públicas en el inicio del siglo XXI: los efectos de la crisis de 2007, de David Taguas Coejo, director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela.
Es un útil desmentido a los que hablan del “desmantelamiento del Estado de bienestar”. Desde el año 2000, el Estado ha aumentado su peso en el PIB nada menos que en 10 puntos, y el 71% de ese aumento corresponde al Estado de bienestar. Coincide con Freemarket en que los Gobiernos subieron los impuestos porque no quisieron recortar el gasto, y en la crítica a la subida de tipos marginales en el IRPF. Con la caída de la recaudación, el gasto se financió irresponsablemente con déficit, y de ahí el aumento de la deuda pública en medio billón de euros: en el año 2012 se incrementó en un récord de 15 puntos del PIB.
Este ritmo es insostenible, pero Taguas censura la consolidación fiscal presentada en el plan de estabilidad 2013-2016, porque no estabiliza la deuda. Las mejoras se han debido al ahorro del sector privado, pero no de las familias ni del sector público: “Las familias reducen su ahorro por la penalización fiscal, pero ni aún así las Administraciones Públicas aumentan el suyo”. Y el mayor ahorro es indispensable para desapalancar, consolidar y crecer.