El Gobierno ha repetido hasta la saciedad su confianza en la aportación del sector exterior de cara a la recuperación de la economía española. Y es que la aportación de la demanda externa (a través de las exportaciones y el turismo) ha tenido un papel crucial en la salida de la crisis. Tanto las ventas al extranjero como las llegadas de visitantes se encuentran en niveles récord, un tesoro que conviene cuidar y potenciar para que contribuyan al cambio de modelo de crecimiento de España, especialmente en el caso de las exportaciones. El peso del sector exterior sobre el conjunto del PIB todavía es moderado respecto a otras economías más industrializadas, como Alemania o Japón. En el caso español, representan cerca de un tercio de la actividad económica, con un protagonismo preponderante de las grandes empresas y con especial incidencia de productos con escaso valor añadido. Por ello, los retos de futuro en cuanto a la exportación son extender entre las pymes la vocación de salir a vender en el extranjero como una apuesta permanente y no como solución de emergencia ante la atonía del mercado interno, al tiempo que resulta incuestionable la necesidad de incrementar el peso de artículos y servicios de alto valor añadido entre la oferta exportadora nacional.
Deben sentarse ahora las bases para que cuando el mercado nacional remonte, las empresas no abandonen la exportación ni la balanza comercial vuelva a sus tradicionales déficits. Aunque el Ministerio de Economía insiste en la teoría del efecto sustitución (la preferencia por productos nacionales al ser más baratos en la actualidad que sus equivalentes extranjeros) para explicar gran parte de la caída de las importaciones, hay que contemplar un posible giro de la situación y las medidas necesarias para contener su efecto. El apoyo a los exportadores tiene que formar parte de una estrategia global que incluya medidas específicas (abaratar las tasas a la exportación y restituir los programas de apoyo que han sido diezmados durante la crisis) y otras más generales, como una reducción importante de las cotizaciones sociales, nuevos incentivos a la I+D industrial y la colaboración entre empresas o ampliar las fuentes de acceso a la financiación.