Así como la intervención política crea delitos sin víctimas definidas, como la evasión fiscal o el contrabando, también promueve la idea de que los propios ciudadanos son los culpables de los problemas que padecen.Cuando hay atascos, por ejemplo, algunos sabios solemnes concluyen que la culpa es de la gente, que, al parecer sin motivo relevante alguno, va y se acumula en las entradas o salidas de Barcelona, Sevilla o Madrid justo a la misma hora. Inmediatamente brotan los biempensantes que dicen que la solución es el transporte público, en vez de pensar que si algo es utilizado en exceso igual es porque la gente lo prefiere y su precio le resulta asequible, que es lo que sucede con las carreteras, porque son propiedad de las Administraciones Públicas (por cierto, también ocurre con los transportes públicos). Si las vías públicas fueran privadas, habría peajes de diverso nivel y en diversos momentos, que moderarían los atascos, algo que algunos Estados ya han aprendido a hacer, como señala Robert P. Murphy en Why Governmnt Doesn’t –and Can’t– Manage Resources Like a Private Business (http://goo.gl/gdxtvC).
Los accidentes son otro ejemplo. Mientras que un sistema privado de carreteras sería más seguro porque habría un tráfico más racional, ahora los accidentes son habitualmente atribuidos a los ciudadanos, y su solución siempre pasa por más represión, multas, controles, vigilancia, etc., sobre el conjunto de la población. Murphy añade que lo mismo sucede con el agua, un bien que podría ser privado y es público, con lo cual su precio está por debajo del coste e invita a su sobreconsumo, con lo cual, otra vez, hay grandes campañas en las que nos invitan a ahorrar los mismos que nos estimulan a consumir. A los que piensan que el agua privada sería carísima podemos recordarles que los productores privados de agua mineral son perfectamente capaces de brindar toda el agua que los consumidores desean a unos precios bastante razonables.
Lo mismo vale para los cortes de energía que aplican las autoridades cuando no es posible abastecer a la población por sus propios errores en la fijación de precios: “En un mercado realmente abierto y con libre entrada y precios libres, jamás habría cortes intencionales del servicio eléctrico, por la sencilla razón de que no sería rentable hacerlo”. Señala Robert Murphy que el razonamiento es análogo en el caso de la sobreexplotación de los bosques públicos; y del mismo modo en que el control de los bosques lleva a talar en exceso, el control público de los mares lleva a pescar demasiado, y muchos despotrican contra los pescadores, los balleneros, los cazadores de focas y demás “especies protegidas” como si la ausencia de derechos de propiedad por acción de los propios Estados no tuviera influencia alguna en su conducta.