Evitar la burla al Estado del 9-N en Cataluña

El Consejo de Estado dio ayer su aval a que el Gobierno impugne la pseudoconsulta sobre la independencia de Cataluña que Artur Mas anunció para el 9-N después de que el Tribunal Constitucional dejase en suspenso la convocatoria inicial de un referéndum. No podía ser de otra manera. El llamado “proceso participativo” que promueve la Generalitat catalana se pretende celebrar en la misma fecha, con las mismas preguntas, con las mismas urnas, en los mismos locales, cuenta con los mismos promotores y tiene el mismo fin que la anterior consulta. Es decir, que se pretende una apariencia de legalidad que no existe. Y por eso el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe frenar la opereta con la que Mas y el resto de independentistas tratan de burlar la legalidad vigente. El que, tras las dudas iniciales de ERC e ICV, se haya recompuesto la unidad del bloque de partidos políticos favorables al referéndum suspendido por el TC apunta inequívocamente en este sentido. Además, la campaña para promover la participación en la pseudoconsulta del 9-N ha bordeado los límites de lo permisible, con iniciativas tan desafortunadas como la “recomendación” de la organización separatista ANC a los comercios para que se signifiquen a favor de la independencia con rótulos en sus escaparates o la imposición de la Generalitat a los medios de comunicación privados para que emitan los anuncios institucionales elaborados para esta cita, que guardan gran similitud con los creados para la convocatoria anterior. Permitir este sainete a todas luces ilegal sólo frustraría más a los catalanes.