DEBÍA HABERSE APROBADO EN MARZO

Las inmobiliarias, en vilo por la prórroga de la ley ‘antiquiebras’

Una semana más, el sector inmobiliario espera con incertidumbre que el Gobierno de Mariano Rajoy decida prorrogar el Real Decreto ley 10/2008. La norma, que permite a las compañías no entrar en causa de disolución por las pérdidas derivadas del inmovilizado, inversiones inmobiliarias y existencias, lleva vigente siete años, aunque fue ideada para aplicarse sólo durante dos ejercicios.

El Real Decreto se aprobó para limitar el impacto de la caída del valor de los activos inmobiliarios, que generaron millonarias pérdidas para las principales empresas del sector. Por ello, el Gobierno les concedía dos años para reequilibrar sus cuentas y mantener su actividad productiva.

Año tras año, primero el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y después de Mariano Rajoy, se ha ido prorrogando este decreto. De no haberlo hecho, grandes empresas como Reyal Urbis y Quabit hubieran entrado en causa de liquidación.

Ahora, aunque no se prolongue la norma, ninguna de estas inmobiliarias cotizada se vería afectada (por la entrada en concurso de acreedores de la primera y la ampliación de capital de la segunda), aunque sí muchas otras empresas del sector.

Entre las compañías y expertos del negocio inmobiliario se daba por hecho que la decisión se anunciaría, como muy tarde, en el último Consejo de Ministros de marzo. Al no haber habido anuncio, muchos creen que no habrá una nueva prórroga.

El año pasado, la ampliación del plazo de aplicación del Real Decreto 10/2008 se produjo a principios de marzo. Entonces, CiU utilizó una enmienda a una norma sin aparente relación con el sector inmobiliario (el anteproyecto de ley para la privatización de la aseguradora estatal Cesce) para incluir la petición de otra prórroga.

Tejido empresarial

Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que aún no se ha tomado una decisión definitiva. “En estos momentos en los que la actividad inmobiliaria comienza a renacer, sería incomprensible que empresas que han sobrevivido a una crisis sin precedentes entrasen en liquidación por no prorrogarse el Real Decreto ley 10/2008 por un año más. La destrucción de ese tejido empresarial que ha costado tantos años levantar, así como la pérdida de empleo, pensamos que justifica la ampliación del plazo del citado Real Decreto”, asegura Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la patronal de empresas inmobilarias de Madrid (Asprima).

Las compañías del sector no son las únicas interesadas en que se amplíe el periodo de vigencia del Real Decreto. Eólicas y fotovoltaicas, afectadas por el recorte de primas a este tipo de energías, también han hecho uso de esta norma para no entrar en causa de disolución.