Miguel Temboury (Bruselas, 1969), subsecretario de Economía y Competitividad, es uno de los artífices del Decreto Ley que el Consejo de Ministros aprobó el viernes para regular el cobro de comisiones en cajeros.
El nuevo Real Decreto –reacción a la decisión de CaixaBank de cobrar dos euros a sus no clientes por sacar efectivo de sus cajeros– entrará en vigor en enero de 2016 y serán necesarios unos meses para valorar su éxito.
La normativa ha logrado el aplauso de las organizaciones de consumidores, pero es cuestionada por algunas partes del sector financiero. Dictamina que el banco titular del terminal cobre lo que considere oportuno a la entidad emisora de la tarjeta. Pero en ningún caso aplique el cargo directamente al usuario, como hacía CaixaBank. Se establece una relación triangular por la cual, la entidad emisora de la tarjeta, podrá repercutir en su totalidad o en parte, esta comisión a su cliente o absorberla.
Reglas de juego
Definidas las reglas del juego, Temboury asegura que “la nueva ley persigue proteger al ciudadano, ya que éste está más amparado ante su entidad de crédito –con la que tiene poder de negociación– que frente a una entidad con la que no tiene ningún tipo de relación contractual”. Al mismo tiempo, espera que las comisiones pagadas por los ciudadanos por extracciones de efectivo se reduzcan.
“La normativa mejora el modelo tradicional de tasa intercambio”, mediante el cual la entidad emisora de la tarjeta abonaba al dueño del cajero entre 0,65 euros y 0,75 euros, por el servicio prestado a su clientes, explica. “Además de evitar la doble comisión, la entidad emisora de la tarjeta puede repercutir al cliente, como máximo, lo que le cobre al titular del cajero. Antes, en cambio, algunas entidades trasladaban al cliente una comisión que duplicaba o triplicaba la tasa de intercambio. En función de las redes, el cargo podía alcanzar los 3 y 4 euros e, incluso, más”, añade.
La nueva ley regula que la firma propietaria del cajero acuerde con el banco que emite la tarjeta cuánto le cobra cuando su cliente utilice el terminal. En caso de desacuerdo, la primera define la tasa máxima, lo que ha generado cierta inquietud entre parte del sector financiero.
Temboury explica que si bien “no hay límite cuantitativo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilará mediante informes anuales que no sea un elemento de expulsión de agentes del mercado”. En su opinión, “no hay justificación para cobrar dos euros por un servicio que antes costaba 0,75. Y está por ver si alguna entidad cobrará este importe. Triplicar el precio de un servicio me parece excesivo. El cobro de dos euros es desorbitado. También duplicarlo (lo que dejaría la tasa en 1,5 euros). Lo razonable es una tasa inferior”. Y apunta que, si alguna opta por implantar el cobro de esta cantidad, “será un tema analizado”.
En cualquier caso, valora como un éxito que las entidades ya hayan dejado de cobrar directamente a los no clientes, tras ser anunciada la ley.
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Creemos que el Real Decreto ofrece una solución sensata al cobro de comisiones, que está sujeta a supervisión”
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Competencia elaborará informes anuales para verificar que la legislación no distorsiona el mercado”
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Si la tarifa fijada por los dueños del cajero tuviese efecto de expulsión, Competencia actuaría”