La cúpula de Popular afronta mañana, martes, una reunión crucial con representantes del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. Fuentes cercanas a la entidad afirman que no se trata de una citación de urgencia y que forma parte del proceso de seguimiento rutinario de la entidad.
Sin embargo llega en un momento crítico. Popular acaba de vivir la peor semana de toda su historia bursátil y sus acciones cotizan por debajo de su valor nominal.
El mercado ha empezado a descontar un escenario de resolución para Popular, a pesar de que técnicamente el banco está unas centésimas por encima del mínimo de capital regulatorio y cumple también con la ratio de liquidez, de acuerdo con la información pública disponible.
El proceso de resolución no implica la liquidación del banco, pero sí la pérdida de la inversión por parte de accionistas, tenedores de CoCos y titulares de deuda subordinada.
El Mecanismo de Resolución Europeo (MUS), dependiente del BCE, es quien determina cuando un banco ha tocado el punto de no viabilidad.
Algunas fuentes citadas por Bloomberg señalan que la dirección de Popular podría “verse forzada a discutir con el BCE posibles opciones para mejorar su situación, como la solicitud de préstamos adicionales. Se está también considerando buscar la supervisión de los funcionarios del BCE para que guíen las decisiones del consejo en el caso de que no consiga liquidez extra”.
Emilio Saracho irá a la reunión cargado de argumentos para tratar de convencer al BCE de que Popular tiene futuro, aunque ya no sea en solitario sino en manos de otra entidad.
Saracho envió el viernes a 1.800 directivos del banco una carta vía correo electrónico en la que señalaba que Popular está en una situación “difícil”, pero “tiene patrimonio neto positivo”, según adelantó EXPANSIÓN. “Con el fin de cumplir con los requisitos regulatorios que exige el Banco Central Europeo para el próximo año y garantizar nuestra fortaleza y futuro se está trabajando en diferentes alternativas: la desinversión de activos no estratégicos, una operación corporativa o una posible ampliación de capital”, proseguía.
La entidad ha traspasado su financiera de consumo, la participación en el banco Targobank y, según fuentes cercanas al proceso, la venta de su banco en Miami al grupo chileno BCI es inminente.
Sin embargo, la generación de capital por esta vía es insuficiente. Por eso la cúpula tiene puestos todos los sentidos en la venta de la entidad a un competidor.
Su asesor, JPMorgan, ha dado acceso a los dos interesados –Santander y Bankia– a una muestra aleatoria de 140 operaciones de crédito y a los 80 expedientes más complejos.
No obstante, algunos analistas sostienen que Popular puede acabar en resolución, porque existe el riesgo de que las valoraciones que reciban sean excesivamente bajas. Si eso sucede, sería complicado encontrar bancos de inversión que aseguren una eventual ampliación de capital.
Además, a los candidatos les falta información clave. Todavía no conocen exactamente el déficit de capital que tiene Popular. La entidad está inmersa en la retasación, uno por uno, de los casi 40.000 activos inmobiliarios que tiene en balance. Este proceso, según fuentes cercanas, está completado al 80% y aflorará unas necesidades de provisiones de entre 1.500 y 2.000 millones, inferiores a las estimaciones de los analistas. Sin embargo, es vital que el mercado se crea estas cifras.
El segundo punto de incertidumbre es a cuánto asciende el coste de los eventuales litigios a consecuencia de posibles demandas accionariales derivadas de la última ampliación de capital. Oficialmente, el banco no ha recibido ninguna.
También preocupa otro coste ahora incierto: la penalización que supondrá la ruptura de varios acuerdos para recuperar el control de negocios ahora compartidos con otros socios, como el de tarjetas.
Entre enero y marzo de 2017, Popular perdió 3.956 millones de euros de depósitos. El mayor descenso se produjo en febrero y tuvo que ver especialmente con la pérdida de depósitos mayoristas a consecuencia de las recientes rebajas de ráting. La Liquidity Coverage Ratio, que mide los activos líquidos de alta calidad respecto a los flujos de salida de efectivo netos durante 30 días, está situada en el 146%. El requerimiento regulatorio exigido es del 80%.
La Llave / Página 2