Los responsables de Banco Popular tiraron la toalla y comunicaron a las autoridades supervisoras que no podían abrir sus oficinas el miércoles pasado por falta de liquidez. Las retiradas de fondos por parte de los ahorradores individuales, pero sobre todo las de institucionales, provocaron esta situación. Entre estos últimos, al menos la Seguridad Social y algunas Comunidades Autónomas colaboraron en la caída.
Los saldos depositados en cuentas de la Seguridad Social y de algunas consejerías de Comunidades Autónomas sufrieron fuertes descensos en los días previos a la decisión de Banco Popular de comunicar al supervisor europeo su incapacidad para seguir operando, a pesar de la línea de liquidez de emergencia que le había abierto el Banco Central Europeo días antes.
Distintas fuentes conocedoras de la evolución de la liquidez en Popular reconocieron a este periódico que, junto a la salida decidida por algunas instituciones privadas, sobre todo fondos de inversión, también se produjeron retiradas de fondos de organismos públicos. El Banco Central Europeo facilitó una línea de liquidez de emergencia de algo más de 3.000 millones de euros, línea que se agotó en apenas tres días.
Retirada de dinero
La crisis de Popular se desencadenó como consecuencia de una fuerte retirada de depósitos que distintas fuentes las han cifrado en 18.000 millones de euros, con salidas en un solo día (el pasado lunes 5 de junio) de unos 3.000 millones de euros y en otros en cantidades cercanas a los 1.000 millones de euros. Para entender el alcance de estas salidas, señala un exconsejero del banco, baste recordar que una entidad del tamaño de Popular podía, en un ejercicio normal, aumentar su base de depósitos en el entorno de los 3.000 o 4.000 millones de euros anuales. Que en apenas unas semanas se produjera una salida cuatro o cinco veces superior a esa cifra da una idea de la profundidad y rapidez con la que se produjo la crisis de liquidez de Popular.
Porque esa ha sido la causa última por la que las autoridades supervisoras declararon la inviabilidad de Popular trasladando a la Junta Única de Resolución la tarea de buscar una salida lo más rápida posible al banco, sin esperar a que llegara el fin de semana, como habitualmente se hace en estas ocasiones.
“Popular cumplía los mínimos regulatorios en materia de capital en el pasado diciembre, a finales de marzo y, previsiblemente, lo hubiera hecho también en junio si hubiera llegado a esa fecha”, señalan en medios cercanos a los supervisores, al tiempo que destacan que “eso no significa que Popular no tuviera necesidad de aumentar las provisiones para incrementar la cobertura de sus activos problemáticos, lo que hubiera tensado algo más el muy menguado cumplimiento de dichos requisitos regulatorios”.
Lo que estaba claro es que, o encontraba una solución drástica (una elevada ampliación de capital o una operación corporativa además de la venta de los activos considerados no estratégicos) o sería imposible que los cumpliera el 1 de enero de 2018, porque en ese momento las exigencias regulatorias suponían un fuerte incremento para el banco.
El anterior presidente de Popular, Emilio Saracho, dijo en la junta de accionistas que solamente el efecto calendario en esa fecha les suponía 1.000 millones de euros de más capital.
La continua difusión de noticias negativas por parte del banco; los cambios en el consejo de administración; el aumento de las pérdidas al cierre del ejercicio pasado sobre las previstas; la reexpresión de las cuentas apenas mes y medio después declarando nuevas pérdidas no contabilizadas hasta entonces; la salida del consejero delegado; lo que parecía un escaso interés por parte de los potenciales compradores para hacerse con Popular; el anuncio de que se estaban retasando todos los activos dañados para conocer su valor real; y el convencimiento de que, no sólo en el primer trimestre sino también al menos en el segundo, el banco tendría que declarar pérdidas supusieron hitos que fueron deteriorando la ya escasa confianza de los depositantes en el banco.
Hasta que las agencias de ráting volvieron a rebajar la calificación de Popular en una línea contraria con lo que hicieron con la mayor parte del resto de entidades financieras nacionales. La rebaja de la calificación hundió a Popular en una sima que obligaba a algunos inversores institucionales a retirar sus depósitos de liquidez de las cuentas del banco. Así lo reconoció el entonces consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, en la presentación de los resultados trimestrales de Popular.
Sánchez-Asiaín se refería, sobre todo, a las gestoras de fondos de inversión y pensiones que tienen obligación de mantener una parte de los recursos de terceros que gestionan en liquidez y que tienen prohibido por sus normas de funcionamiento o sus estatutos colocarlas en entidades que no tengan un grado de calificación mínimo. Popular había perforado hacia abajo esos mínimos.
Los organismos públicos
Pero la salida de fondos institucionales no se paró ahí, según reconocen varias fuentes conocedoras de la evolución del banco en las últimas semanas. Otros, entre ellos organismos públicos como la Seguridad Social y algunas Comunidades Autónomas, tomaron la decisión de retirar buena parte de los fondos que tenían depositados en el banco ante la posibilidad de que, si se producía una resolución ‘típica’, los depósitos superiores a 100.000 euros no quedaban garantizados y podían estar retenidos hasta que se terminara toda la liquidación ordenada de la entidad y al albur de saber si recuperarían todos sus fondos o no.
Algunas fuentes señalaron que también un regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), habría actuado de forma similar. Fuentes cercanas al organismo declararon a EXPANSIÓN que sus relaciones con Popular se limitaban a unas cuentas del sistema eléctrico nacional que en las últimas semanas “habían tenido una operativa normal con movimientos de entradas y salidas habituales”.
Las retiradas de estos depósitos coincidieron en el tiempo con las declaraciones públicas de las autoridades económicas nacionales en las que se señalaba que, con la información de que disponían, “Popular cumplía los requisitos regulatorios” y trataban de infundir confianza a los depositantes señalando que sus fondos estaban seguros.
Editorial / Página 2