El informe de resolución de Popular cifra en 4.000 millones el riesgo legal

INFORME DE DELOITTE/ El informe independiente que dio un valor negativo a Popular de entre -2.000 millones y -8.000 millones cuantificó falta de provisiones, riesgos legales y ruptura de acuerdos.

La compra de Banco Popular por un euro expone a Santander a unos riesgos legales “de entre 3.000 y 4.000 millones de euros”, según explican a EXPANSIÓN fuentes comunitarias.

El informe de valoración con el que la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea aprobaron la decisión de vender el banco por 1 euro, arrojó una valoración económica negativa de -2.000 millones de euros y de -8.200 millones de euros en un escenario con condiciones adversas. En la práctica esto quiere decir que un comprador solo aceptaría quedarse con Banco Popular si le pagaran al menos 2.000 millones de euros.

Según estas fuentes comunitarias que han tenido acceso al documento, esa valoración trata de determinar cuánto pagaría un potencial comprador en ese momento. Éste es un concepto distinto a cuánto vale el banco operando de forma independiente.

Valor y precio

El informe tuvo en cuenta cuatro aspectos básicos: las provisiones necesarias, los riesgos legales, el impacto de la ruptura de acuerdos comerciales y otros contratos, y la necesidad de capital para igualar el capital del potencial comprador. Esta forma de valorar la entidad tiene en cuenta conceptos que deprecian significativamente el valor del banco para un potencial comprador. Y entre ellos se encuentran los riesgos legales.

Allí se contabiliza la factura potencial derivada de las demandas de los accionistas que participaron en la ampliación de capital ejecutada por Banco Popular en 2016, pero también los relativos a la colocación de deuda subordinada, tanto los 450 millones de euros colocados a través de la red de sucursales a inversores minoristas, como las colocadas entre inversores institucionales.

De momento, la asociación de accionistas minoritarios (Aemec) ya ha iniciado acciones legales contra Popular, y el Grupo Kiluva, dueño de Naturhause, ha puesto en marcha una plataforma que ya agrupa a unos 4.500 accionistas. Cuatro bufetes de abogados de EEUU también están estudiando sus propias demandas.

Pero también hay otros factores que hunden la valoración del Popular. Según estas fuentes, los dos bancos que firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder realizar una oferta sobre Banco Popular habrían necesitado 5.000 millones de euros adicionales para provisionar la cartera de créditos morosos de la entidad y alinearla así con sus propios niveles de cobertura de su cartera de morosos.

Según fuentes del Ministerio de Economía, se trataba de Santander, que finalmente se quedó con Popular, y de BBVA, que puso una oferta encima de la mesa.

Otra de las partidas que el informe tiene en cuenta es la de los costes de cancelación de contratos derivados de la fusión. Aquí se incluyen todas aquellas compensaciones que el comprador tendría que pagar para cancelar contratos con proveedores de servicios financieros de marca blanca, los de bancaseguros, los servicios de leasing o alquileres de inmuebles que ya no fuesen a ser necesarios. Este concepto sumaría, según el informe de Deloitte unos 500 millones de euros.

En esta valoración también se habría tenido en cuenta la diferencia entre el capital de primera categoría (Tier I) de Popular, situado en el 11% de los activos ponderados por riesgo, y el Tier I promedio de los bancos oferentes. En el caso de Santander, esta ratio se sitúa en el 12%, lo que significa que Popular debería añadir un punto porcentual.

El ejercicio de análisis de Deloitte sirvió para que la Junta Única de Resolución decidiera reducir a cero el valor de las acciones y la deuda subordinada del banco, aunque para esto último también fue clave que la oferta del comprador sólo ascendiese a 1 euro. Si hubiese sido superior, habría habido más a repartir.

El informe ha sido muy criticado por los accionistas, que veían cómo el día anterior a la venta por un euro a Santander, el mercado valoraba la entidad en 1.300 millones de euros. También han sido críticos con la valoración la asociación de inspectores del Banco de España, que en un comunicado interno dudaron de la independencia y de la valía técnica del informe.

El Gobierno español quiere que ese informe se haga público por motivos de transparencia, tal y como publicó ayer EXPANSIÓN.

Documento clave

El documento es clave para determinar si el precio que ofreció Santander por Banco Popular fue razonable, si se respetaron los derechos de los accionistas y bonistas subordinados, y si la opción elegida en la intervención del banco fue la mejor posible. Popular fue intervenido en la noche del día 6 de junio ante la falta de liquidez de la entidad, que hacía imposible mantener la operativa y abrir las oficinas el miércoles día 7.

Los 305.000 accionistas y los bonistas han perdido toda su inversión. Santander estudia cómo compensar a los clientes que acudieron a la ampliación de capital que realizó Popular en junio de 2016 (ver pág. 15).