La propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear dos nuevos impuestos para sufragar el coste de las pensiones públicas reincide en el planteamiento demagógico y populista en un asunto tan delicado para el conjunto de la ciudadanía. Primero, porque trata de estigmatizar a la banca, sobre cuyos beneficios recaería uno de esos nuevos gravámenes, con la falaz argumentación de que como los españoles contribuyeron a rescatar a las entidades financieras –en realidad, a las cajas de ahorros– ahora éstas deben corresponder aportando a la sostenibilidad de las pensiones. Segundo, porque el otro tributo, que gravaría las transacciones financieras, podría terminar repercutiendo sobre el coste de los servicios bancarios. Es decir, que serían los clientes de las entidades quienes contribuyesen a aliviar las cuentas de la Seguridad Social. Y, tercero, porque ambas medidas apenas aliviarían el déficit crónico del sistema público de previsión, ya que la recaudación estimada según el propio PSOE se situaría entre 800 y 1.000 millones, cuando el desfase actual de las pensiones públicas asciende a 15.000 millones al año. Una cantidad que ni siquiera serviría para costear la subida de las pensiones con arreglo al IPC que exigen al Gobierno los socialistas, Podemos y los sindicatos. Sería necesario aumentar la recaudación tributaria casi en el mismo importe que se ingresa actualmente por el Impuesto de Sociedades para cubrir el déficit del sistema público de pensiones, que no procede sólo de la falta de ingresos, sino fundamentalmente del aumento desbocado del gasto, como ha alertado el Banco de España.