España se coloca en la segunda mitad de la clasificación que mide la calidad de las pensiones –públicas y privadas– en el mundo, según el informe El ahorro para la jubilación a través de la empresa, de Fundación Edad y Vida.
Dinamarca, Holanda y Australia son los países con mejores sistemas globales de jubilación, según el Melbourne Mercer Global Pension Index, elaborado por la Universidad de Melbourne y Mercer, con puntuaciones entre 75 y 80 puntos (ver información adjunta). España no se incluye en este ránking por la dificultad para medir algunas de las variables analizadas, pero el informe de Edad & Vida coloca al país en el grupo de Estados con calificación entre 50 y 60 puntos, “con un sistema con riesgos y defectos que, de no ser atendidos, comprometerían la eficacia y sostenibilidad del sistema a largo plazo”, según el estudio. España se situaría así en el grupo en el que también figuran Alemania, EEUU o Francia.
Los países con una mejor calificación son los que cuentan con un sistema de planes de pensiones, con ventajas fiscales, promovidos por las empresas para sus trabajadores que en algún caso cuenta con varios años de rodaje, pero en otros su lanzamiento es más reciente. El objetivo es reequilibrar el peso del sistema público con un mayor desarrollo del privado.
En España las pensiones de empresa tienen pendiente su desarrollo tras varios años de evolución vegetativa, cuando no de descensos. En el sector están convencidos de que sólo con la extensión de estos planes colectivos se podrá alcanzar el objetivo de contar con una pensión privada que pueda complementar de forma sostenible a la pública que, de momento, proporcionalmente es de las más elevadas de nuestro entorno, aunque las previsiones apuntan a su continuo adelgazamiento tras las últimas reformas que podrían continuar con más cambios en el mismo sentido.
El agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones públicas apunta en esta dirección con el agravante de que el Gobierno ha tenido que recurrir a un préstamo del Tesoro para pagar a los jubilados en varias ocasiones, la última en la extra de 2017.
¿Por qué no se produce entonces la potenciación de los planes de empleo que nos equipare a los países con una mejor calificación? La respuesta tiene varios frentes.
La crisis económica de los últimos años ha limitado esta posibilidad pero, aun siendo cierto, también lo es que en tiempo de bonanza tampoco hubo avances en esta materia tal vez porque quienes se jubilan reciben de media un 80% de su último salario de forma que el desfase es asumible por la mayoría de la población, ya que son las rentas más altas las que proporcionalmente reciben una pensión menor.
Pero las cosas ya están cambiando y se prevé que este porcentaje, tasa de sustitución, caiga hasta el 63,6% del último salario en 2050. Este recorte del sistema público junto con la recuperación actual de la economía, con subida de salarios incluida en algunos casos, puede abrir una puerta para lograr configurar un escenario de reformas.
Para lograr un sistema de pensiones de empleo efectivo como el aplicado en otros países, Reino Unido, por ejemplo, es imprescindible el acuerdo entre todas las partes implicadas, un marco en el que empresas, sindicatos y políticos, como representantes del Estado, juegan un papel determinante.
Pero cada uno de estos tres actores camina por senderos que no conducen a los planes de pensiones de empleo.
La prioridad de los sindicatos, que admiten las bondades de los planes de empleo en cuya gestión participan, está ahora en otras batallas salariales y las empresas, que se niegan en redondo a aumentar sus costes por esta vía, no reciben reivindicaciones para que se impliquen en la creación de una hucha para la futura pensión de sus empleados.
Inverco considera que la falta de información de los ciudadanos está en el origen de esta situación. Esta asociación, que agrupa a las gestoras, lleva años pidiendo al Gobierno que informe a los trabajadores de su futura pensión probable. Si se facilitara esta comunicación, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, asegura que habría más ahorro en planes de pensiones y que los trabajadores podrían reclamar a sus empresas la constitución de planes colectivos. Aldama va más allá y afirma que “el Gobierno debería legislar para promover los planes de pensiones de empleo aunque no les guste a empresas y sindicatos, tal como hizo con la última reforma laboral”.
Los cambios abordados en otros países “han hecho necesario mantener porcentajes de contribución significativos durante periodos amplios de tiempo (...) que sólo han funcionado cuando se realizan con la suficiente antelación, ya que deben ir acompañadas de prolongadas y sustanciales aportaciones de las empresas y de los trabajadores”, afirma Fundación Mapfre en el estudio Sistemas de Pensiones.
Diego Valero, presidente de Novaster, apunta que la reforma se podría hacer “poco a poco, con tasas de ahorro entorno al 2% para los que empiezan a trabajar”.
Es lo que ha ocurrido en Holanda “cuya reforma realizada en los años cincuenta es el paradigma que ha permitido crear uno de los mayores fondos del mundo”. Pero incluso en este caso, el aumento de la esperanza de vida ha obligado a realizar ajustes para evitar el efecto negativo en las cuentas del sistema.
Y es que cada uno de los dos sistema de pensiones, el público y el privado, “son vulnerables a diferentes tipos de shocks por lo que una forma de reducir el riesgo de la prestación futura es diversificar”, según Edad y Vida.
En la mayoría de los países con planes de empleo potentes, el ahorro voluntario a través de los fondos contratados por los particulares es escaso, especialmente entre las rentas más bajas”, afirma el estudio de Mapfre. En España ocurre al contrario, ya que el sistema individual acumula un patrimonio de 72.520 millones, más del doble de lo guardado en la hucha de los planes de empresas, con 35.811 millones.
La enorme presión que ejercen las gestoras, principalmente todos los finales de año, para que los particulares ahorren en planes tiene mucho que ver en la evolución de estos productos, muy criticados por los sindicatos.
Editorial / Página 2