El sistema de supervisión bancaria del Banco Central Europeo sufre ineficiencias que ponen en riesgo su capacidad de detectar de forma temprana una crisis bancaria, según un informe de auditoría publicado ayer por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Aunque el documento valora de forma positiva la labor del supervisor europeo y su autor, Kevin Cardiff, admite que la UE está “mejor preparada ahora que en 2008” para afrontar crisis bancarias, también advierte de una serie de deficiencias que necesitan ser solucionadas.
El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), integrado en el BCE, asumió en enero de 2014 las tareas principales de supervisión bancaria de la zona euro, que hasta ahora realizaban las autoridades nacionales. El pasado 6 de junio de 2017 declaró en quiebra al Banco Popular por una grave crisis de liquidez. El ejercicio de auditoría no analizó de forma concreta la gestión del caso Popular.
Los auditores creen que no están suficientemente definidos los criterios objetivos para decidir intervenir de forma temprana una entidad y así evitar una escalada del problema y que ésta acabe en fallida. “No existe una serie de indicadores con umbrales claros para determinar el deterioro de una entidad supervisada”, apunta el informe.
Además, el Tribunal de Cuentas europeo asegura que el BCE solo analiza dos veces al año si una entidad requiere una actuación temprana, cuando debería hacer un seguimiento constante y reaccionar ante un deterioro significativo de la posición financiera de un banco. “El BCE sostiene que dichos casos se producen, pero en la muestra del Tribunal no constaban [...] En algunos casos, los incumplimientos aparentemente importantes de los requisitos reglamentarios no desencadenaron un proceso de evaluación formal para una actuación temprana independiente del proceso de revisión y evaluación supervisora”, critica el informe.
Aunque los auditores admiten que “esto no excluye la posibilidad de que de todos modos el BCE considerara la adopción de medidas adecuadas de supervisión o de intervención temprana”, sí cree que es una deficiencia que debe corregirse.
El Tribunal de Cuentas también carga contra la coordinación entre el supervisor, el BCE, y la autoridad de resolución, la Junta Única de Resolución (JUR). “La interacción con la JUR y otras partes interesadas ha de mejorar”, apunta. Aquí entran en escena varias ineficiencias. Una es que el BCE y la JUR no han decidido con antelación de qué información dispondrá esta última en caso de que un banco entre en crisis y el flujo de datos se produce ad hoc y queda a la entera discreción del BCE. Además, el informe también critica que el nivel de información disponible para la autoridad de resolución no aumenta automáticamente cuando la posición financiera de un banco se deteriora.
Falta de información
El Tribunal de Cuentas señala, sin embargo, que la institución con sede en Fráncfort no les ha proporcionado toda la información que necesitaban para hacer su trabajo, de modo que solo han podido sacar conclusiones generales sobre los procesos, pero no evaluar si son eficientes en la práctica.
El organismo critica que el BCE solo dio una pequeña parte de los documentos solicitados y que, incluso cuando lo hizo, partes fundamentales para analizar la situación estaban tachadas.
De hecho, en una de sus recomendaciones, el auditor insta al BCE a dar “acceso a todos los documentos o información solicitados a fin de poder efectuar su tarea, en aras de la rendición de cuentas”. El plazo para cumplirla es “inmediatamente”.
Pero la respuesta del BCE, incluida en el informe, es igual de contundente. “El BCE no acepta esta recomendación. El BCE ha facilitado al TCE documentos e información para permitirle evaluar la eficiencia operativa de la gestión del BCE en el establecimiento de procesos de gestión de crisis”.