La Comisión Europea ha amenazado con llevar al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto completamente cuatro directivas europeas: dos que refuerzan los derechos de los clientes bancarios y de productos de inversión (Mifid II), otra que endurece los requisitos de capital y las condiciones de supervisión a los bancos (CRD IV) y la que regula los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (conocidos como UCIT, por su acrónimo inglés). En el Ministerio de Economía esperan cumplir con estas peticiones a lo largo del primer semestre de este año.
El Gobierno tiene ahora dos meses para cumplir con este requerimiento. A partir de ese momento, el Ejecutivo comunitario podrá interponer una demanda contra España en el TJUE y solicitar una multa.
Mifid II
La fecha límite para comunicar la trasposición de Mifid II era el 3 de julio de 2016, aunque luego fue prorrogada un año, hasta el 3 de julio de 2017. La legislación establece normas de conducta para las empresas que ofrecen servicios de inversión. Aquí se incluyen los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos. También faltaría por trasponer una directiva delegada que complementa a Mifid II, con fecha límite del 7 de abril de 2016, que endurece las normas sobre honorarios, comisiones y beneficios que obtienen las empresas de inversión cuando venden productos a sus clientes.
El paquete de la Mifid II solo ha sido traspuesto parcialmente, en su parte de mercados, mediante un decreto ley del pasado 29 de diciembre. Según indica una portavoz de Economía, “el resto de la norma se está tramitando como un anteproyecto de ley que se remitirá a Cortes presumiblemente en el primer trimestre del año”.
CRD IV
La CRD IV, la directiva sobre requisitos de capital, tenía fecha máxima para comunicar la trasposición era el 31 de diciembre de 2013. Según explica la Comisión Europea, faltan todavía faltan por legislar las que regulan las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas por infracciones graves en la lucha contra el blanqueo de capitales y los mecanismos de denuncia de infracciones y normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección.
“Se está trabajando para que las pocas cuestiones que restan para la transposición total de dichas normas se hagan dentro del primer semestre de 2018”, aseguran en Economía.
UCIT
Por último, también falta adaptar la legislación nacional con la directiva que regula el funcionamiento de los UCIT. Éstos son vehículos de inversión creados con el único objeto de reunir activos de inversores y a continuación reinvertirlos en un conjunto diversificado de activos.
En este caso la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de los Ucits y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la Directiva.
Desde Economía matizan que esta directiva “ha sido incorporada en su mayor parte a nuestro ordenamiento jurídico” y que “las pocas cuestiones que restan para la transposición total de dicha norma” se harán “dentro del primer semestre de 2018”.