La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recalcó ayer a la oposición la necesidad de aprobar los presupuestos para poner en marcha dos medidas que están congeladas desde 2017.
La primera es que los jóvenes que sean contratados mediante la fórmula de formación y aprendizaje percibirán 430 euros mensuales durante un año y seis meses. Estos 430 euros se sumarán a los 736 euros del Salario Mínimo Interprofesional que, como mínimo, deberán pagarles las empresas. Por lo tanto, el salario para el trabajador superará los 1.000 euros mensuales.
La segunda medida es complementaria de la primera. Las empresas que, pasados los primeros 18 meses, conviertan en indefinidos a los jóvenes contratados en formación y aprendizaje recibirán durante tres años una bonificación en las cotizaciones sociales de 3.000 euros; 9.000, al terminar los tres años.
En el contexto de los presupuestos de 2018, el Gobierno calcula que el crecimiento de la economía y del empleo, en 2018 y 2019, va a permitir llegar a los veinte millones de ocupados y “bajar el desempleo de los tres millones de personas” y, en consecuencia, colocar la tasa de paro “en el entorno” del 11% de la población activa.
Así lo recoge el Ejecutivo en el Plan Anual de Empleo, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Las estimaciones de desempleo suponen una considerable rebaja respecto a las anteriores previsiones del Gobierno. La últimas previsiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad calcularon que el paro rondaría a finales en 2019 los 3,2 millones de personas, con una tasa del 13,6% de la población activa.
Por lo tanto, la caída del desempleo por debajo de los tres millones de personas es un dato muy importante. Significa que, junto a la creación de entre 900.000 y 950.000 empleos, el paro bajará en unas 800.000 personas. Por lo tanto, a finales de 2019, la cifra de ocupación superará los veinte millones de personas y la de parados rondará los 2,9 millones.
De cumplirse esos objetivos, sería como retroceder a los niveles de ocupación y desempleo de 2008. Es decir, cuando comenzó la depresión económica, que terminó destruyendo 3,7 millones de empleos, elevó el paro a la cifra récord de 6,2 millones de personas, y la tasa de paro al 27% de la población activa.
El Gobierno confía en conseguir estos objetivos a finales de 2019, y antes de lo previsto inicialmente, después de revisar sus previsiones en el anteproyecto de los presupuestos para 2018, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará hoy en el Congreso de los Diputados. Así, el Ejecutivo espera mantener un crecimiento sostenido de la economía, con un ritmo del 2,7% este año, y del 2,4%, en 2019 y 2020, “ con una tasa similar en la creación de empleo”, según reza el Plan Anual de Políticas Activas de Empleo.
No obstante, el programa está pendiente de que el Gobierno consiga los apoyos necesarios en el Parlamento para que puedan ser aprobados los presupuestos de este año. Si no, tendrá que prorrogar la mayoría de las partidas.
Por esta razón, la dotación presupuestaria del Plan Anual de Políticas de Empleo es la misma que la del año pasado: 5.674,9 millones de euros. Las partidas más importantes son los 2.500 millones, que se dedicarán a fomentar las oportunidades de empleo y los 2.250 millones, que se destinarán a la formación.