Banco de España ha identificado “más de una veintena” de las conocidas como initial coin offerings, también llamadas ofertas iniciales de criptomonedas (ICO, por sus siglas en inglés) lanzadas de la mano de “promotores españoles”. “En su práctica totalidad se están llevando a cabo desde Suiza, Singapur, Estonia y Gibraltar”, señala.
Estos datos fueron revelados ayer por el subgobernador Javier Alonso, durante la clausura del taller La Revolución Fintech, organizado por Garrigues y por el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros .
Las ICO sirven para captar dinero nuevo y están reguladas en España como si fueran una emisión de valores. En otros países, en cambio, la legislación es mucho más laxa.
El subgobernador explicó que, en nuestro país, hay una “cierta actividad” inversora –no hay datos oficiales–, que en su mayoría se realiza “a través de proveedores situados en el extranjero”. Estos proveedores, según el Banco de España, proporcionan diferentes servicios, entre los que se encuentran plataformas de intercambio, préstamos en criptodivisas o brókeres que intermedian entre compradores y vendedores de contratos por diferencias.
“Estamos trabajando en mejorar la calidad y el volumen de la información de la que disponemos, para lo que hemos abierto vías de cooperación a todos los niveles con otros organismos y autoridades nacionales”, añadió.
Algunos de esos proveedores operan desde Gibraltar, que cuenta con una legislación favorable. Otros tantos están domiciliados en Zug, uno de los cantones más ricos de Suiza, que desde hace años está considerado el Silicon Valley de las criptodivisas.
Durante 2017, las ICO recaudaron 3.700 millones de dólares (3.032 millones de euros) en todo el mundo.
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, calificó ayer de “apremiante” que las autoridades tomen una postura definida ante el avance de criptoactivos como el bitcoin, dado el interés del inversor minorista y ante los riesgos que supone, entre otras razones por su gran volatilidad.
Como reguladores y supervisores “nuestra preocupación principal” son las potenciales repercusiones de la inversión en estos activos para la estabilidad financiera, “sin olvidar las ramificaciones que puedan tener sobre la protección de la clientela, la protección de datos, la integridad del mercado, la evasión fiscal o la elusión de controles sobre el blanqueo”, dijo.
Aunque reconoció que el peso relativo de la inversión en criptoactivos es aún escaso –el 1% del PIB mundial–, la volatilidad y las fuertes pérdidas recientes por fallos operativos y otras amenazas cibernéticas dibujan un panorama ante el que resulta “apremiante” que las autoridades “tomemos postura”. Sobre todo “en lo que se refiere a emprender posibles actuaciones de política pública”, añadió.
La CNMV y Banco de España emitieron en febrero un inusual comunicado conjunto en el que alertaron de los riesgos de las divisas digitales.
El bitcoin, la criptodivisa más popular, cotizaba ayer a 8.891 dólares. Desde los máximos marcados el pasado diciembre ha perdido un 52% de valor.