El mapa político dificulta cualquier decisión sobre el futuro de Bankia

INCERTIDUMBRE/ La cotización de la entidad, 3,34 euros por acción, hace imposible que el Frob haga otra colocación porque las pérdidas serían cuantiosas y se le achacarían al nuevo Gobierno.

La puesta en marcha de un nuevo Gobierno bajo la presidencia de Pedro Sánchez vuelve a plantear dudas sobre cuál será la orientación que el Estado quiera dar a Bankia, en la que conserva el 61% del capital a través del Frob, y que el Gobierno anterior se había comprometido a privatizar totalmente antes de que termine el próximo ejercicio, aunque dejando la puerta abierta a retrasar el proceso si las condiciones del mercado así lo aconsejaran.

Si bien hasta ahora los socialistas no se habían manifestado claramente sobre la cuestión, lo cierto es que algunos de los grupos políticos que les han apoyado en la moción de censura, especialmente Unidos Podemos, sí han reiterado su opinión de que debería ser el germen de una nueva banca pública. Planteamiento al que se han opuesto de forma total los actuales máximos responsables de la entidad, el presidente José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, José Sevilla.

El Estado intervino Bankia en mayo de 2012 como consecuencia de la grave crisis que atravesaba el banco surgido de la fusión de siete antiguas cajas de ahorros (Caja Madrid y Bancaja constituían el grueso de la nueva entidad) procediendo a recapitalizar el banco con fondos procedentes del préstamo que la Unión Europea dio al Estado español y haciéndose, en consecuencia, con la mayoría del capital. De esta forma, el Frob controlaba, a través de BFA, el 70% de Bankia.

Condición de privatizar

Una de las condiciones que la Unión Europea impuso para la concesión del crédito fue que España se comprometiera a subastar los bancos con ayudas que se consideraban inviables por sí mismos, y a privatizar aquellos que se pensaba que pudieran seguir existiendo sin nuevas ayudas. Entre estos se encontraba Bankia.

El Gobierno de Mariano Rajoy, además de comprometerse a recuperar todas las ayudas dadas para el saneamiento y recapitalización de los bancos en crisis, trató de cumplir el compromiso de privatización llevando a cabo dos colocaciones parciales de Bankia en estos años.

La primera de ellas fue en 2014 y supuso unos ingresos de 1.304 millones de euros tras vender el 7,5% del banco. La operación se hizo a un precio, 1,51 euros por acción, ligeramente superior al precio al que entró el Frob en el capital de la entidad.

Aunque en los años siguientes el Ejecutivo intentó llevar a cabo nuevas colocaciones de acciones, la situación de los mercados y la cotización de Bankia impidieron que se llevaran a cabo porque implicaba asumir pérdidas, lo que dificultaba el compromiso de recuperar los más de 22.000 millones de euros recibidos directamente por el banco, sin tener en cuenta los derivados de la compra de los activos inmobiliarios por parte de Sareb, el banco malo.

Las presiones de la Unión Europea para que se cumplieran los compromisos adquiridos por el Gobierno español de caminar hacia la privatización total; la prórroga de este compromiso decidido por el Gobierno y la fusión con BMN, movió a los responsables del Frob a hacer otra colocación de un 7% en el pasado mes de diciembre, a un precio muy inferior al de la primera, (4,06 euros por acción) por la que ingresaron 818 millones de euros, aceptando unas pérdidas respecto al precio de entrada. El Frob ahora tiene el 61% de Bankia.

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo más probable es que en el tiempo que dure la actual legislatura apenas haya cambios. Son varios los motivos. El primero de ellos, y muy relevante, es que la cotización de Bankia está en 3,35 euros por acción, por lo que hacer una colocación supondría ahondar en las pérdidas respecto a las ayudas comprometidas. Y el nuevo Gobierno lo último que va a desear es que se le diga que también él vende Bankia con pérdidas.

Otra posibilidad, también difícil, es que el Ejecutivo, por las presiones de sus aliados circunstanciales o por convicción propia, algo que no parece ser, decidiera intentar durante este tiempo de legislatura modificar el compromiso de privatización y caminar hacia la puesta en marcha de una banca pública. No parece que pudiera alcanzar los votos necesarios en el Parlamento para hacerlo, además de que, si ocurriera, es muy probable que tanto Goirigolzarri como Sevilla decidieran dejar sus puestos, lo que sin duda provocaría una cierta crisis interna en la entidad de compleja solución.

Intervencionismo

Una tercera posibilidad sería que el Gobierno, aún sin cambiar oficialmente el compromiso de privatización, decidiera intervenir activamente en la marcha de la actividad financiera de Bankia en lugar de seguir manteniendo la, según los responsables de la entidad, exquisita independencia de que han gozado durante todos estos años en lo referente a la gestión del banco.

Es probable, también en esto, que algunos de los aliados del nuevo Gobierno presionen en este sentido pero parece complicado que tengan éxito. Salvo cambios muy radicales dentro de los socialistas, este partido ha sido partidario de que el Estado interviniera en el sector financiero de manera tímida y a través del ICO, renunciando a la existencia de una banca pública tradicional. El PSOE inició la privatización de Argentaria que culminó el PP.

Además, la actual coyuntura, con una economía en una fase de elevado crecimiento, en el entorno del 3% en este ejercicio, según todos los analistas y organismos internacionales, y con unos bancos que quieren aumentar su inversión crediticia, no parecen hacer necesario que un banco público incentive aún más esta fase del negocio bancario.

La Llave / Página 2