La elección de María Jesús Montero (Sevilla, 1966) como nueva ministra de Hacienda responde a la necesidad de Pedro Sánchez de poner al frente de una de las carteras de mayor peso a una persona con la experiencia suficiente como para salir airosa de uno de los asuntos más espinosos de su recién estrenada legislatura, la reforma del modelo de financiación autonómica.
En estas lides, la hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno andaluz atesora sobrado conocimiento como para afrontar un asunto en pleno ojo del huracán político, no sólo por las supuestas concesiones a los partidos nacionalistas a cambio de los apoyos necesarios para el asalto de Sánchez a La Moncloa, sino porque fue la propia Montero, erigida en abanderada de la negociación del nuevo modelo, quien hace apenas unos meses arrancó al expresidente Rajoy el compromiso de poner en marcha cuanto antes dicha reforma.
Firme defensora de la armonización fiscal entre los territorios, la nueva titular de Hacienda encontrará sobre su mesa como asunto prioritario la resolución de su propia petición de autorización para que Andalucía salga a financiarse de nuevo a los mercados y abandone así los mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Salida a los mercados
En las últimas semanas, desde el Gobierno andaluz Montero exigió reiteradamente a Cristóbal Montoro que dejara de dilatar los plazos con el argumento de que cada día que pasaba “encarecía el coste de financiación de Andalucía”.
Desde el pasado mes de febrero, contaba además con otro argumento de peso a su favor. Fruto de su reconocida capacidad de negociación, Montero fue capaz de realizar una propuesta de financiación autonómica respaldada a nivel regional por todos los partidos –PP, Podemos e IU– a excepción de Ciudadanos, su socio de Gobierno. El texto aspira a convertirse en el documento base de la financiación para el conjunto de las comunidades.
Para conseguir la suficiencia financiera del sistema autonómico –con una aportación añadida de 16.000 millones de euros más al año–, el documento propone, entre otras cosas, mantener la cesión del 50% del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y de los impuestos especiales hasta el 70%.
Otro concepto clave que Montero ha defendido es el de “nivelación total” entre comunidades autónomas para cumplir con el criterio de equidad. El objetivo sería lograr una equiparación de financiación “por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal”, defiende el texto.
Con una dilatada experiencia en gestión pública, la nueva ministra cuenta con el aval de haber superado la larga travesía de la crisis cuyas consecuencias aún lastran la economía andaluza habiendo cumplido con los deberes impuestos: el Gobierno andaluz ha cumplido con la regla de gasto, ha cubierto los objetivos de déficit y presume de una estabilidad presupuestaria labrada en arduas negociaciones que le llevaron a cerrar hasta en cinco ocasiones los presupuestos regionales sin contar con mayoría socialista en el Gobierno.
Entre sus medidas estrella de la última legislatura, Montero sacó adelante la reducción al mínimo del impuesto de sucesiones y donaciones para Andalucía, y recuperó la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía, lo que le valió duros enfrentamientos con el Gobierno central.
Acercamiento a Díaz
En clave política, su elección parece un gesto claro de acercamiento al PSOE andaluz –la federación más poderosa del partido– y a su secretaria general, Susana Díaz. Sánchez y ella mantienen aún las distancias desde su encarnizada batalla en las primarias del partido de hace un año.
Montero siempre ha hecho gala de su “independencia” frente a los posicionamientos oficiales del PSOE-A (se afilió después de entrar en el Gobierno), y precisamente por ello es muy respetada en clave interna. Pero al mismo tiempo es una persona de la máxima confianza de Díaz, a la que siempre ha demostrado su lealtad.
Fue viceconsejera y consejera de Salud en los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán –hoy ambos en el banquillo por la pieza política del caso ERE, cuyo juicio se celebra estos días en Sevilla– y Susana Díaz la puso al frente de la Hacienda pública andaluza en septiembre de 2013, cargo que ha ejercido desde entonces.
Con fama de trabajadora hasta la extenuación, ha entrado hasta la fecha en todas las quinielas sucesorias en Andalucía, algo que tras su marcha a Madrid muchos en el partido ven como tan sólo un aplazamiento de sus aspiración de llegar algún día al principal despacho del Palacio de San Telmo.