En la Unión Europea las reformas de verdad, las estructurales, las que sanean un sistema enfocándose en las causas y no solo en sus síntomas, suelen salir muy caras: suele hacer falta una gran crisis económica. Según el diagnóstico de la Comisión Europea, en España ha habido tres desde 2010: la de pensiones, la del mercado laboral y la del sector bancario. Por eso mismo el Ejecutivo comunitario se ha puesto en guardia ante la posibilidad de que el Gobierno español desmantele las reformas del sistema de pensiones de los años 2011 y 2013 y ha advertido contra cualquier cambio que ponga en peligro la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
“Analizaremos cualquier reforma una vez adoptada, dentro de nuestros procedimientos habituales. Por supuesto, cualquier medida de reforma debe dirigirse a un desafío político específico y no debe poner en peligro el progreso que se ha hecho al asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, afirma a EXPANSIÓN un portavoz de la Comisión Europea, al ser preguntado por la posibilidad de que las negociaciones de la Comisión del Pacto de Toledo acaben vinculando las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC) de forma permanente.
El Ejecutivo comunitario ha defendido en repetidas ocasiones la sustitución del IPC por el actual Índice de Revalorización de las Pensiones, que además de la inflación media tiene en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, el crecimiento en el número de pensiones y la diferencia entre la primera pensión cobrada y el último sueldo cotizado. Según el diagnóstico de la Comisión Europea, esto ha contribuido enormemente a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Las preocupaciones comenzaron en abril, con el acuerdo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV para actualizar las pensiones de 2018 y 2019 con el IPC y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Pero la alerta se ha elevado un par de grados tras las últimas reuniones de la Comisión del Pacto de Toledo, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez al mando. En ellas, la indexación de las pensiones al IPC de forma estructural y permanente ha vuelto al centro del debate.
En la reunión celebrada el pasado martes, PSOE, Podemos y Compromís reiteraron su intención de que el IPC sea el pilar básico del índice de revalorización; mientras que PP, Cs, PDECat y PNV consideran que en época de crisis esa garantía solo se aplique a las pensiones más bajas.
Pero los informes publicados por la Bruselas en los últimos años no recomiendan solucionar un hipotético problema de pensiones bajas con una vinculación directa al IPC. De hecho, en las recomendaciones específicas por país de mayo pasado, los técnicos de Bruselas avisan de que vincular las pensiones a los precios “no arregla el principal reto de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que está más relacionada con un elevado desempleo y una segmentación del mercado laboral”.
En esta misma línea, el último informe de adecuación de las pensiones de la Comisión muestra que el nivel de las pensiones españolas, en términos relativos al resto de la población, es más que adecuado. Por ejemplo, el documento muestra que la pensión mediana de los mayores de 65 años es superior a los ingresos medianos de los menores de esa edad, y que España es el cuarto país de la UE con las pensiones más generosas cuando se ponen en relación a los ingresos de los contribuyentes. Además, apunta que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de los pensionistas es la mitad que la del resto de ciudadanos o que el nivel adquisitivo de los jubilados durante la crisis se ha mantenido intacto.
Editorial / Página 2