Hay tres reformas que ha hecho España durante la crisis que en la Unión Europea no se cansan de alabar: la de pensiones (2011 y 2013), que hizo sostenible financieramente el sistema; la laboral (2012), que evitó la destrucción de empleos y favoreció la creación de contratos indefinidos; y la del sistema financiero español (2012), que saneó las cajas de ahorros y enmendó fallas en el sistema de supervisión. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, aprovechó su primera participación en un Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea para cargar contra las dos primeras. La tercera no forma parte de sus competencias.
Primero fue el turno de las reformas de las pensiones. Fue al ser preguntada por un informe de la Comisión Europea sobre este asunto, que ayer se abordó en la reunión de ministros de Empleo. El documento critica la indexación de las pensiones al IPC –que Valerio defendió ayer con énfasis–, alaba la reforma de 2011 y su continuación en 2013 y recuerda que, cuando se tiene en cuenta lo que cobra el trabajador medio, los pensionistas españoles disfrutan de las cuartas pensiones más generosas de la UE.
“Vamos a tratar de convencer a la Comisión Europea porque es absolutamente fundamental respetar la Constitución española, que habla de pensiones adecuadas, suficientes, periódicamente actualizadas”, aseguró Valerio.
La ministra también cuestionó las conclusiones del informe: “En los últimos años han sido muy damnificados. A lo mejor el informe no ha tenido en cuenta estas cuestiones. Concretamente que estas personas han tenido que soportar un copago sanitario, un medicamentazo...”.
Aunque Valerio afirmó que las pensiones deben ser sostenibles fiscalmente, puso el énfasis en que también lo deben ser socialmente. Para compensar la subida de gastos que conllevaría una reindexación de las pensiones al IPC, la ministra propuso una serie de medidas: de los presupuestos generales del Estado, el “destope progresivo” de las bases máximas de cotización, la eliminación de bonificaciones y tarifas planas (o su compensación a la Seguridad Social vía presupuestos), la subida del salario mínimo y la lucha contra el fraude.
Y luego enlazó con las críticas a la reforma laboral: “En el 2012 empezamos a decir que había un problema de ingresos, fundamentalmente propiciado por la devaluación salarial y la devaluación de las cotizaciones, por una reforma laboral prácticamente unilateral del Partido Popular”.
Una hora y cuarenta minutos más tarde compareció ante la prensa Nadia Calviño, ministra de Economía y ex directora general de la Comisión Europea. También en Luxemburgo y en el mismo lugar donde lo hizo Valerio. En un reflejo de lo que puede ser la dinámica interna del Ejecutivo Sánchez, el mensaje fue mucho más moderado. Calviño negó que modificar la reforma laboral de 2012 fuera una “prioridad” del Gobierno y de todo el alegato contra la reforma de las pensiones que hizo Valerio, prefirió quedarse con la única frase conciliadora. La de que el sistema también debe ser financieramente sostenible.