Uno de los principales retos del nuevo Gobierno es reducir el déficit público, sobre todo teniendo en cuenta que España tiene el deshonor de encabezar el ranking de países de la UE-28 con mayor déficit como porcentaje del PIB (3,07%). Y un elemento de presión está en el enorme déficit de la Seguridad Social, que alcanza 18.800 millones de euros en 2017, el equivalente al 1,6% del PIB.
Si unimos piezas, es necesario tanto una reforma del sistema de pensiones para que sea viable a medio y largo plazo, como una reforma fiscal que haga aumentar el peso de los ingresos públicos en el PIB, ya que España se sitúa en la parte baja del ranking de países desarrollados y en un nivel incompatible con el deseado estado del bienestar. Pero en ambos casos es necesaria una reforma estructural para resolver problemas que son de largo plazo, y no medidas cortoplacistas.
Dado que la aritmética del número de diputados del Gobierno supone una restricción mayúscula para llevar a cabo reformas estructurales que exigen cambios legislativos, es lógico que se busque un atajo en medidas que intenten aflorar rápidamente ingresos a las arcas públicas. Es en este terreno en el que parece que se están barajando nuevos cambios impositivos, uno de los cuales es imponer un recargo a los bancos en su impuesto de sociedades.
Mi opinión es contraria a esa medida por varios motivos:
1) Algunos impuestos tienen como objetivo penalizar actividades que tienen efectos externos negativos, como puede ser el consumo de tabaco o alcohol, o las actividades contaminantes (impuestos verdes). Algunos argumentan que en el caso de la banca, un impuesto extraordinario es una forma de compensar a la sociedad por el efecto negativo que tuvo la mala gestión de algunas entidades financieras, que tuvieron que ser rescatadas con cargo al bolsillo del contribuyente. Pero es importante recordar que con las nuevas reglas en vigor de la unión bancaria, son los acreedores de las entidades quienes asumen las posibles pérdidas, y no el contribuyente, como ha ocurrido con la resolución del Banco Popular.
2) En relación a lo anterior, los fondos públicos utilizados en el pasado reciente han impedido pérdidas millonarias a millones de depositantes, además de impedir que una crisis sistémica se extendiera aún más. Por tanto, no veo el argumento que utilizan algunos de “sancionar” a los bancos ahora porque en el pasado se rescataron banqueros. Lo que se ha rescatado son depositantes. Además, los bancos han destinado el equivalente al 28% del PIB a sanear balances (dinero que viene de su margen de explotación) y unos 10.000 millones de euros a rescatar entidades vía aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A esta cifra habrá que añadir las pérdidas que aún tiene que asumir el FGD por los esquemas de protección de activos otorgados en la venta de algunas entidades y que el Banco de España estimó podrían alcanzar 10.000 millones más.
3) Aunque a la ciudadanía le cuesta creerlo, los datos están ahí y dicen que la rentabilidad del sector bancario español es reducida e insuficiente para contentar al inversor. Si en este contexto de baja rentabilidad (según el Banco de España, la rentabilidad sobre recursos propios en 2017 de los grupos consolidados fue del 6%, frente a un coste de captar capital del 10%) imponemos un recargo extra en el impuesto de sociedades a los bancos, agravamos el problema, lo que desincentivará aún más a potenciales inversores, que son necesarios para que la banca fortalezca su solvencia allegando capital. En concreto, las cifras que se manejan en los medios de comunicación hablan de una subida de impuestos en torno a 1.000 millones de euros con el recargo extra impositivo a los bancos. Si aproximamos los impuestos que han pagado las entidades de depósito en 2017 como diferencia entre el beneficio antes de impuestos y el resultado neto, la cifra es de 6.886 millones de euros. Si aumentara en 1.000 millones de euros más los impuestos a pagar, supondría una caída del 5,4% de su beneficio después de impuestos. Si la rentabilidad de la banca se pone en entredicho, puede plantear riesgos de sostenibilidad en el futuro.
4) En el ranking de la UE en términos de ratio de solvencia, el sector bancario español ocupa posiciones rezagadas, lo que les obliga a incrementar sus recursos propios. Si sometemos a los bancos a más presión fiscal perjudicando su rentabilidad, dificultamos ese necesario fortalecimiento de la solvencia.
5) Dada la baja rentabilidad del sector y las dificultades que tendría para encajar esa pérdida de beneficios, es razonable suponer que la banca intente compensar la medida aumentando ingresos por otras vías (más comisiones y/o tipos de interés de los préstamos), lo que empeoraría las condiciones de acceso a la financiación en detrimento del consumo y la inversión. La capacidad de la banca para trasladar el aumento de impuestos a los clientes es incierta y depende de variables como la intensidad de la competencia. Si lo consigue perjudicará el acceso a la financiación y si no lo consigue, reducirá aún más su baja rentabilidad.
En resumen, tanto el elevado déficit público de la economía española como el de la Seguridad Social exigen reformas estructurales de gran alcance, y no medidas parciales, que aportan ingresos puntuales que en algunos casos son de dudosa justificación, y discriminatorias, que pueden tener efectos colaterales perjudiciales. Dado que con la actual composición del Parlamento es muy difícil adoptar reformas estructurales (como una reforma fiscal que afecte a las figuras tributarias con mayor capacidad de generar ingresos), puestos a subir impuestos, debería optarse por aquellos que menos distorsionen la actividad económica y que no sean discriminatorios.