El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, defendió ayer la contribución realizada por la entidad para solventar la crisis de la banca española y la adquisición de Banco Popular. El directivo cifró en 6.100 millones la aportación de la entidad al rescate de las cajas durante su intervención en la comisión de investigación sobre la crisis financiera y señaló que Santander con la compra de Popular ha ahorrado al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros que hubiesen tenido que sufragar las arcas públicas.
Álvarez se abstuvo de entrar en el terreno de las garantías en la resolución de Popular, pese a que anteayer el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió ante el mismo auditorio que Santander no debe pagar los litigios relativos a los anteriores gestores del banco rescatado. De lo contrario, señaló, no habrá voluntarios para hacerse con bancos en resolución.
Álvarez sí señaló que debería existir un prestamista de último recurso para poder tener más tiempo en los procesos de resolución, lo que podría atraer a más oferentes en las subastas de bancos en crisis. Además, destacó que es poco riguroso decir que la compra de Popular se realizó por un euro, cuando realmente costó 7.000 millones a través de la ampliación de capital que tuvo que realizar Santander para inyectar en el balance del banco.
Mensajes al Gobierno
Álvarez también aprovechó para lanzar varios mensajes al Gobierno. Resaltó que se observa una mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía española y que la posibilidad de “cambios relevantes en la fiscalidad o estigmatizar a la banca no ayuda a generar un buen ambiente de inversión”. Álvarez ya insinuó durante la reciente presentación de resultados de Santander que la entidad podría mover su sede fuera de España si se incrementa la carga fiscal. Ayer quiso matizar esta afirmación y subrayó que el compromiso de la entidad con España “no está en cuestión”.
El directivo explicó ayer que Santander es el banco con mayor carga fiscal de Europa, con el 36% de su beneficio destinado al pago de impuestos, y que aportó en 2017 en España 1.130 millones entre distintos tributos, pese a que su actividad española no genera beneficios. Y recordó que el tipo del impuesto de sociedades en España para la banca es más alto (30%) que para otras industrias (25%).
Otro de los aspectos en los que Álvarez hizo especial hincapié fue en la necesidad de que haya bancos rentables. Destacó que la rentabilidad del sistema financiero español se encuentra tras la crisis en el 4%, muy por debajo del 17% e la media de las compañías del Ibex 35. La rentabilidad media de la banca en el período pre crisis (1990-2007) era del 15%.
Uno de los motivos a los que Álvarez achacó esta baja rentabilidad es a la excesiva regulación al sector bancario: subrayó que las autoridades no han calibrado el impacto de todas las regulaciones implantadas tras la crisis y abogó por iniciar un proceso de racionalización de las mismas, para evitar dejar en desventaja a la banca europea en su competencia con la banca internacional.
El directivo analizó durante la comparecencia el reto tecnológico y de ciberseguridad al que se enfrenta la banca. Señaló que la digitalización exige a la entidad unas inversiones y gastos de 7.000 millones al año en tecnología y operaciones, de los que 1.500 millones se emplean en la actividad en España. Destacó que en los próximos tres años el banco habrá realizado 400 millones de inversiones en ciberseguridad y que los gastos de mantener un nivel de seguridad óptimo alcanza los 300 millones anuales.