El impuesto a la banca constituye una de las principales bazas del Gobierno para poder aprobar una subida de las pensiones el próximo año, pero también podría causar múltiples daños colaterales a la economía, golpeando la concesión de crédito y la inversión. Así, un impuesto diseñado para recaudar 1.166 millones de euros (una décima del PIB), restaría 1.050 millones de euros al PIB, de acuerdo con los cálculos que publicó ayer BBVA Research, provocando que el impacto recaudatorio sea mucho menor a lo previsto. Además, y contrariamente a lo expresado por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que había señalado que los bancos serían “solidarios con el sistema público de pensiones”, estos repercutirán la mayor parte del tributo sobre sus clientes.
El informe analiza la posible repercusión del impuesto partiendo del efecto que han tenido tributos similares en otros países de Europa, Japón y Australia, y estima que la introducción del recargo a la banca podría tener un impacto positivo sobre el consumo en el corto plazo, ya que el dinero recaudado se trasladaría directamente a los ciudadanos, que incrementarían el nivel de consumo. Sin embargo, “a medio y largo plazo prevalecen los efectos negativos”, explica Rafael Doménech, responsable de análisis macroeconómico del servicio de estudios de BBVA. Así, el grifo del crédito a las empresas y familias se empezaría a cerrar rápidamente, lo que pasaría factura a la inversión y al PIB sólo un trimestre después de la introducción del impuesto. En el medio plazo, el impacto se iría amplificando y extendiendo a más áreas de la economía, llevando incluso a una disminución del nivel de consumo en pocos años. Así, el tributo asestaría un golpe al PIB de 1.050 millones de euros al año.
Con estos efectos secundarios en cuenta, el efecto recaudatorio neto del impuesto sería mucho más limitado de lo inicialmente previsto. En concreto, el informe estima que apenas se logrará el 69% de los ingresos previstos, cerca de 800 millones, debido a que el descenso de la actividad económica provocaría una menor recaudación por otros conceptos, tales como el IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades. Estas cifras serían muy similares tanto en el caso de que el Gobierno decidiera aplicar un recargo sobre los beneficios como un impuesto sobre los depósitos o los créditos.
Este golpe a la economía se debe a los “efectos sobre cantidades y precios”, lo que a su vez afectaría al negocio de los bancos y a sus clientes. Por un lado, las entidades tendrían que concentrarse en los negocios que generan más beneficios para mantener su rentabilidad global, lo que implica reducir la concesión de nuevo crédito, sus balances y el tamaño de sus depósitos. Por otro, los bancos subirían los tipos de interés para los préstamos a empresas y familias, un alza que el informe estima en torno a 10 puntos básicos. Esta cifra supondría una subida de los costes financieros de 1.800 millones de euros al año para el sector privado. Esto provocaría una disminución de la inversión empresarial de en torno al 0,1%.
Repercusión de costes al cliente
Llama la atención que el incremento de los costes financieros provocado por el impuesto sea mayor que su potencial recaudatorio, algo que se debe a dos factores. El primero es que la medida provocaría notables “efectos distorsionadores” sobre la economía. El segundo, que los bancos trasladarían la mayor parte del coste a los clientes. De hecho, el servicio de estudios de BBVA calcula que los resultados de la banca apenas se reducirían en un 1,88% tras la introducción de la nueva norma (esto es, una disminución de beneficios de 280 millones de euros), lo que significa que las entidades repercutirían la mayor parte de los costes añadidos a sus usuarios, ya sea mediante una disminución de los intereses por los depósitos, un aumento del coste del crédito o mayores comisiones.
Todo ello choca con los planes del Ejecutivo, que probablemente buscaba este tipo de impuestos con el objetivo de evitar el impacto sobre “la clase media”, como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en varias ocasiones. El problema, sin embargo, es que los impuestos que se centran en sectores concretos, y especialmente aquellos que afectan a las rentas del capital, resultan más perniciosos para la economía en el medio y largo plazo que aquéllos que gravan el consumo, como el IVA o el impuesto al gasóleo que también quiere aprobar Pedro Sánchez, según alerta Doménech.
Además, los debates en torno a este tributo agravan la incertidumbre, ya que no se conoce cuál será la fórmula. Podemos, por ejemplo, reclama un recargo de 10 puntos en el Impuesto de Sociedades, pero además habla de implementar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Y esto podría ser todavía peor. De acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión Europea, la introducción de este tributo para recaudar una décima del PIB llevaría aparejada una caída del PIB de dos décimas, lo que resultaría en una recaudación neta muy escueta. En España, donde la presión fiscal alcanza el 38% del PIB, un ITF que permitiera ingresar 1.166 millones de euros apenas supondría un incremento de los ingresos netos por valor de 280 millones de euros.