Unidos Podemos ha presentado una propuesta para establecer un impuesto especial a la banca. Se enmarca dentro de sus iniciativas para lo que llaman “Presupuestos con la gente dentro”. Queda por determinar qué gente es la que queda “dentro”, pero parece más claro la que queda fuera. La intención de elevar tramos específicos del IRPF y el Impuesto de Sociedades –en particular, elevar éste último para los bancos– no parece ser muy inclusiva. No hay criterios técnicos que lo justifiquen, sino un foco en determinados colectivos. Esas perversas empresas… esos bancos malvados… esa clase media demasiado próspera. Los culpables de la crisis. Sin remisión.
La que más llama la atención es la intención de elevar no en uno, ni dos, sino en diez puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades a las entidades financieras. Lo peor es que, en su condición de socios del actual Ejecutivo, ninguna de estas medidas es del todo descartable. La ministra de Hacienda ya ha señalado en alguna ocasión que, en determinados aspectos fiscales, lo importante no es si su departamento está o no de acuerdo, sino las líneas rojas que le marcan sus socios parlamentarios.
Un impuesto adicional y especial a la banca –más uno de esa magnitud– no tiene justificación económica. Al margen de los numerosos inconvenientes que generaría (pérdida de competitividad, traslación del impuesto a los precios de los servicios, probable necesidad de mayor reestructuración, etc.) –que muchos economistas han recalcado cada vez que la idea sale a la palestra– hay uno que sería obvio e inmediato: un castigo reputacional al sector financiero que no hace bien a nadie. Si la imposición a la banca aumenta en España, una de nuestras industrias más destacadas perdería atractivo inversor. Además, se interpretaría que el Gobierno actúa sobre la banca con especial virulencia. Esto tampoco sería del agrado de todos los que, lógicamente, la ven como el principal mecanismo de financiación en un país como el nuestro. Pero hay un ingrediente de esta nueva propuesta que ahora se expresa sin rubor: ese impuesto se establecería para compensar el coste de los rescates. Sin embargo, sólo algunos bancos han recibido ayudas. Y, de hecho, algunos de éstos ya han adoptado otras formas de actuación, otra gestión y otros clientes… y siguen devolviendo parte de los fondos recibidos. Otra parte, importante, ya se ha perdido porque los incentivos no estaban bien establecidos antes de la crisis. Esto es algo que sucede aquí y en otros países. Por eso se ha articulado la normativa bail-in para que ahora los tenedores de bonos o accionistas paguen antes de que pueda considerarse rescate alguno con el dinero del contribuyente.
Regulación omnímoda
Hay muchas preguntas con respuesta negativa: ¿Tienen que pagar más los bancos? ¿Tiene sentido ese impuesto? ¿Mejoraría la salud del sistema financiero? ¿Contribuiría a la estabilidad financiera? ¿Aumentaría la confianza inversora? Per se, la propuesta no tiene sentido. Pero, además, obvia que la regulación financiera ya se ha preocupado de la banca tras la crisis. A escala mundial. De hecho, prácticamente no la ha soltado. Solvencia, apalancamiento, liquidez, bail-in, provisión de información, protección de datos, filtrado de productos y servicios por tipología de riesgo del cliente… Era necesario mejorar la regulación, pero tal vez no hacerla omnímoda. Existen solapamientos en requisitos de información. También una precaución excesiva sobre ciertos riesgos (algunos de los de naturaleza crediticia) y no completamente acertada sobre otros (los de mercado). En todo caso, hoy hay un sector bancario más seguro, con un sistema de protección reforzada y garantista para el cliente.
Lo inquietante es que el riesgo escapa de la banca y genera incertidumbre desde otras latitudes de la geografía financiera. Ha sido muy comentado un informe reciente del Banco de Pagos Internacionales que muestra que los instrumentos de deuda ya copan el 57% de la financiación empresarial global. En términos de PIB, la financiación con deuda de las empresas ha subido hasta el 24% en las economías avanzadas, mientras que el crédito bancario supone sólo el 18% del PIB en estos países. A la deuda se ha traslado buena parte del meollo del riesgo, pero si en 2008 había que mirar a los emisores hoy es muy relevante mirar a los tenedores. Fondos soberanos, hedge funds o fondos de renta fija, entre otros, han cambiado la geografía de los riesgos y el modo en que se gestionan. El bail-in bancario es sólo otra manifestación de que los bonos asumen hoy más protagonismo en el riesgo y los mecanismos de resolución ante procedimientos de insolvencia, y eso afecta a la renta fija en general. Sucede en un momento en que el mundo está inundado de deuda.
La regulación financiera parece un pie en un flotador flácido. Si lo pisas por un lado lo haces más grande por otro. Imponer más impuestos allí donde los requerimientos de solvencia (y otros muchos) ya se han ocupado de limitar la capacidad de acción y generación de ingresos sólo hará que otras partes del flotador sigan hinchándose hasta explotar. En 2009, cuando el G20 se planteó la reforma de la arquitectura global, el perímetro se fue reduciendo hasta limitarlo de forma casi exclusiva a los bancos. Una oportunidad perdida para una visión más global de las finanzas que no se va a mejorar friendo a los bancos a impuestos.