La Comisión Europea ha abierto otro frente legal al Gobierno español por no trasponer una directiva comunitaria a la legislación nacional. En este caso se trata de la directiva de distribución de seguros, que trata de hacer más transparente el sector para los consumidores.
La norma exige que el cliente sepa los precios y costes reales de los productos que adquieren y si el distribuidor que se lo vende tiene algún incentivo económico para ello.
Según confirman a EXPANSIÓN fuentes comunitarias, la Comisión envió una carta de notificación formal al Gobierno el pasado 21 de septiembre. La fecha tope para haber traspuesto la norma europea venció el pasado 1 de julio. Inicialmente, el límite se había fijado para la fecha de la entrada en vigor, el 23 de febrero de este año, pero ambas fechas fueron retrasadas posteriormente mediante una enmienda. La entrada en vigor de la normativa está prevista ahora para el 1 de octubre, pero España no va a llegar a tiempo.
Este expediente se une a otros ya abiertos, como el paquete de directivas de Mifid II o la directiva de créditos hipotecarios (ver información adjunta), en los que España ya se juega multas millonarias ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Los dosieres llevan atascados desde la época de Luis de Guindos en el Ministerio de Economía. Entonces el retraso se atribuía al hecho de que el Gobierno estuvo en fase preelectoral y en funciones durante muchos meses. Además, el Ejecutivo del Partido Popular perdió la mayoría absoluta parlamentaria, lo que le obligaba a llegar a acuerdos para sacarlas adelante en el Congreso.
Tras el breve periplo de Román Escolano como ministro, ahora la responsable es su sucesora, Nadia Calviño, que se enfrenta a la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El PP y Ciudadanos, por ejemplo, bloquearon a comienzos de mes la tramitación urgente de la nueva ley hipotecaria.
Una vez recibida la carta se abre un periodo de dos meses para que el Gobierno dé explicaciones. Si estas no son convincentes, el asunto pasa a la siguiente fase. A partir de ese momento la Comisión puede enviar un ultimátum al Ejecutivo instándole a cumplir con la trasposición o, de lo contrario, llevará el caso ante la justicia europea, donde puede pedir sanciones por incumplir con sus obligaciones.
Por ejemplo, en el caso de la directiva de créditos hipotecarios, que debería haberse traspuesto en marzo de 2016, la Comisión pide una multa de 105.991,60 euros diarios desde el día en que el TJUE publique su sentencia. Para la directiva de cuentas de pago el Ejecutivo comunitario solicita a la justicia europea una multa de 48.919,20 euros por día desde que se publique la sentencia hasta que la Directiva haya quedado transpuesta completamente y esté en vigor en el derecho nacional.
La normativa europea
La directiva de distribución de seguros se acordó informalmente en 2015, si bien no acabó siendo oficialmente adoptada hasta mediados del año siguiente.
La norma europea obliga a los distribuidores de seguros a ofrecer a sus clientes un folleto estandarizado con información del producto, en línea con lo que ya establece la directiva Solvencia II con los seguros de vida y el reglamento PRIIPS con los productos de inversión.
La norma europea también refuerza la posición del consumidor en la compra de productos que pueden llevar asociado un seguro, como pueden ser los automóviles. La directiva establece, por ejemplo, que cuando se venda un coche a un precio ventajoso junto con el seguro de automóvil, el consumidor siempre debe tener la opción de adquirir el vehículo sin la póliza.
Además, estas reglas serán de obligado cumplimiento para las compañías aseguradoras y no solo por los brókers de seguros, como ocurría hasta ahora.