La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, pidió ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “se tranquilice”, porque, por un lado, el Gobierno va a garantizar que las pensiones en el futuro subirán con el Índice de Precios de Consumo (IPC) real, y por otro, “va a adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”. La ministra pronunció estas palabras el mismo día que el organismo dijo respecto al sistema de previsión español que la subida de las pensiones sólo con el IPC “podría hacer peligrar su sostenibilidad financiera”.
En su intervención ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Senado, Valerio dijo que así se desprende del acuerdo alcanzado la semana pasada por la Comisión del Pacto de Toledo. No es cierto, los diputados plantean la posibilidad de subir también las pensiones con los salarios y el PIB.
Sin embargo, la ministra afirmó tajante que “el compromiso del Gobierno con el poder adquisitivo de las pensiones es inquebrantable” y añadió que, sobre este punto, está expresando la misma opinión que la ministra de Economía, Nadia Calviño, y que el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Calviño dijo el martes, en Luxemburgo que, “sobre las pensiones siempre he dicho, y esa es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos sólo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones con el IPC”. “Es necesario analizar la sostenibilidad [del sistema de pensiones] teniendo en cuenta la evolución de toda una serie de variables: demográficas, de empleo, el nivel salarial, el sistema normativo, el número de años de cotización y las características de la tasa de reposición de las pensiones”.
Es decir que al introducir más factores en el cálculo de la pensión, en una reforma global del sistema de pensiones, la subida de éstas puede ser, incluso, por debajo de la inflación. Sobre todo, en los momentos de crisis económica, como ocurrió en los últimos años. Por ejemplo, ni los salarios ni las cotizaciones sociales evolucionan de la misma manera en tiempos de crisis, cuando se destruye el empleo y bajan las retribuciones de los trabajadores que, en tiempos de bonanza económica, cuando aumenta la ocupación y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social.
Por esta razón, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo también el martes que “subir las pensiones con el IPC real significa acompañar su evolución a la de los salarios”. Unas palabras que sorprendieron ayer a Valerio que, entonces, ratificó que, en esta materia, habla en nombre del Gobierno y, por lo tanto, la voluntad de éste, es que las pensiones evolucionen con los precios.
En cuanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la ministra ratificó su estrategia para conseguir este objetivo. Por ejemplo, la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones. En segundo lugar, que los mismos impuestos financien prestaciones de la Seguridad Social que no tienen nada que ver con las pensiones contributivas. Por ejemplo, las prestaciones de maternidad o las ayudas familiares. Otra medida en la que piensa el Gobierno es aumentar la aportación a la Seguridad Social de los trabajadores con los salarios más altos.
Las declaraciones de Valerio llegaban como respuesta al informe publicado horas antes por el Fondo Monetario Internacional, que avisó de que si la revalorización con el IPC “se implanta en solitario, pondrá en riesgo la sostenibilidad del sistema”. La preocupación del organismo dirigido por Christine Lagarde es que, en su opinión, el acuerdo del Pacto de Toledo únicamente incluye un aumento del gasto, pero no tiene ninguna recomendación para subir los ingresos. Por eso, avisa de que “no deberían traducirse en medidas legislativas” si éstas no forman parte de un “paquete integral”.
Aunque el FMI reconoce la falta de “aceptación social” de las reformas de 2011 y 2013, recuerda que éstas contribuyeron a la recuperación económica de España al proporcionar “respuestas aceptables” a los profundos cambios demográficos que afronta el país. Pero si se deroga el Índice de Revalorización de las Pensiones para sustituirlo por el IPC, el FMI espera que el gasto aumente en 3 o 4 puntos del PIB hasta 2050, lo que equivale a hasta 40.000 millones de euros.
Para cubrir este importante agujero en las cuentas públicas, el FMI sugiere destopar las cotizaciones (“incrementar los ingresos máximos sujetos a cotización”) y elevar la contribución mínima de los trabajadores autónomos.
Asimismo, el organismo propone aumentar la edad legal de jubilación, que avanza hacia los 67 años, para vincularla a la evolución de la esperanza de vida. Sin embargo, ante la dificultad de que incluso con estas medidas se cubra la multiplicación del gasto, considera que “no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada”.
Editorial / Página 2