Belén Romana, consejera independiente de Banco Santander, cree que la Unión Europea debería estudiar la posibilidad de proteger parcialmente de los riesgos legales a las entidades que en el futuro adquieran un banco en resolución.
“Estamos en medio de una larga carrera de procesos judiciales y ya veremos qué sale de todo eso, [pero] es bastante claro que para las siguientes operaciones, tener una especie de indemnidad parcial ayudaría bastante”, afirmó Romana en la Conferencia Anual de la Junta Única de Resolución (JUR), que se celebró ayer en Bruselas. En esta misma línea se pronunciaron recientemente tanto el vicepresidente de Santander Rodrigo Echenique como el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Éste último sugirió que Santander no debería heredar los litigios de Popular.
Santander compró Banco Popular por 1 euro el 7 de junio de 2017, y desde entonces se enfrenta a varias acciones legales por parte de accionistas y bonistas subordinados, que perdieron toda su inversión en la operación.
Según fuentes conocedoras de la situación, el riesgo potencial de esos procesos ronda los 3.000 millones de euros. A ello se suma la ampliación de capital de 7.000 millones de euros y otra inyección de liquidez de 20.000 millones de euros.
Liquidez
“La liquidez fue un gran problema, antes de la resolución e inmediatamente después. Tuvimos que proveer de bastante liquidez y, por supuesto, capital”, subrayó Romana. En este sentido, apuntó que es necesario solucionar el problema de la liquidez durante el proceso de resolución. Básicamente, que haya un grifo abierto con el depósito lo suficientemente grande como para atender las necesidades de liquidez mientras se decide qué hacer con el banco y la etapa justo posterior.
Para ello la consejera de Santander apuntó hacia el Banco Central Europeo. “Sería el prestatario de último recurso más razonable”, afirmó Romana.
La tesis oficial de la resolución del Banco Popular es que cayó debido a una fuga masiva de depósitos, que obligó al BCE a declarar la inviabilidad de la entidad. La caída se produjo entre semana y cogió por sorpresa a reguladores y supervisores.
El hecho de que Santander pudiese adquirir el banco salvó a la JUR de muchos quebraderos de cabeza operativos. Una vez que Popular formó parte de Santander, fue el banco cántabro quien dio liquidez a los clientes, continuó la operativa diaria y garantizó el pago de la deuda senior.
Dominique Laboureix, miembro del Consejo de la JUR, aseguró en estas mismas jornadas que el organismo tuvo “mucha suerte” en la resolución del Popular. El hecho de que el banco hubiese comenzado un proceso de venta privado semanas antes de la quiebra, permitió que los potenciales compradores –en este caso Santander– estuviesen familiarizados con la entidad y pudiesen lanzar una oferta de forma rápida.