La junta directiva de la patronal CEOE envió ayer un aviso muy serio al Gobierno por el plan presupuestario para 2019 que ha pactado con Podemos. En particular, por tomar la decisión de subir a 900 euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin contar con los empresarios.
La patronal considera que el Gobierno “ha roto la confianza entre los interlocutores en el diálogo social, porque, de forma unilateral, ha quebrado [en el punto del Salario Mínimo Interprofesional] el Acuerdo para la Negociación Colectiva” que firmaron en junio la patronal y los sindicatos para 2018, 2019 y 2020. Así se expresaron las distintas fuentes de la patronal consultadas por EXPANSIÓN.
El pacto recogía el compromiso de los empresarios de elevar el salario mínimo de convenio hasta los 1.000 euros mensuales en el citado periodo.
Habitualmente, las retribuciones más bajas en los convenios de las empresas son superiores al SMI que fija el Gobierno. Sin embargo, si el Ejecutivo, en su acuerdo con Podemos, sube ya el SMI, en 2019, en 165 euros mensuales hasta los 900 euros, es decir, un 22,3%, introduce presión a los empresarios en la negociación colectiva. La razón es que, tanto en los sectores como en las empresas, los sindicatos pueden pedir mayores incrementos del salario mínimo de convenio al comprobar que la renta que fija el Ejecutivo se acerca a su suelo salarial.
Por todas estas razones, Juan Pablo Lázaro, presidente de la patronal madrileña Ceim, propuso a la Junta Directiva que las empresas incumplan el acuerdo con los sindicatos en lo que se refiere al salario mínimo de convenio. “El Gobierno ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido, después de que los empresarios hemos hecho un esfuerzo muy importante para aceptar el salario mínimo de convenio de 1.000 euros, en 2020”, dijo Lázaro a EXPANSIÓN. Por el contrario, el empresario madrileño defendió la subida de los salarios de hasta el 3% que la patronal pactó con los sindicatos.
En el comunicado que difundió la junta directiva, los empresarios aseguraron que la decisión del Gobierno “estaba recogida en el acuerdo con los sindicatos, además de cuestionar el marco del diálogo social entre empresarios y sindicatos”.
La patronal también considera que “una política expansiva del gasto corriente supone un obstáculo para la sostenibilidad de las cuentas públicas, con un nivel de deuda muy elevado –que está en el 97% del PIB– y una clara desaceleración económica”.
Máxime, cuando las estimaciones de ingresos por la subida prevista de impuestos, fundamentalmente a las empresas [5.678 millones de euros] “están por encima de lo probable”. Es decir, unos 1.000 millones por encima de los cálculos de los empresarios. Todo ello, a pesar del impuesto a las empresas tecnológicas, el aumento de la fiscalidad del combustible diésel, el incremento de la base mínima del Impuesto de Sociedades o la lucha contra el fraude. Frente a ello, los empresarios no ven “ninguna iniciativa [del Gobierno] para mejorar la gestión del gasto”.