Las patronales bancarias salieron ayer en tromba tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. En un comunicado conjunto de la AEB, la CECA y la patronal de las cooperativas de crédito Unacc, las entidades asumieron la nueva sentencia y no dudaron en criticar a los jueces. Pero ante todo quisieron marcar diferencias con las cláusulas suelo y la obligación de devolver a los hipotecados lo cobrado por estos límites al desplome del euribor.
“Las entidades de crédito no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto”, aclararon. Las patronales apuntaron hacia la Agencia Tributaria, que es, según los expertos jurídicos, quien tendrá que asumir el coste de las reclamaciones de los usuarios. “La sentencia publicada en el día de hoy se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria”, reza el comunicado de las patronales.
La sentencia del Supremo que se conoció ayer cayó como un jarro de agua fría entre las entidades financieras. En febrero, el mismo tribunal consideró que el cliente era quien debía abonar este impuesto. Como no podía ser de otra forma, las entidades dejaron claro que acatarán la sentencia y anunciaron que a partir de ahora serán ellas las que costeen este impuesto.
El AJD puede llegar a suponer el 70% de los gastos totales por formalizar una hipoteca. Algunos informes, como de la agencia de calificación Moody’s, estiman que el coste para las entidades españolas puede ascender a unos 4.000 millones de euros. “Como siempre han hecho, las entidades de crédito, a partir de esta sentencia, cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo”, indicaron en el comunicado. Y defendieron que hasta ahora han actuado tal y como fijaba la ley: “Los bancos han cumplido con la normativa vigente y la reiterada jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo”.
Las patronales, que tienen entre sus asociados a grandes entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter, reclamaron a los poderes públicos, y por ende a los jueces españoles, “mayor seguridad jurídica”.
“Unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario”, sostiene el comunicado, escueto pero contundente.
Las entidades defendieron que el mercado hipotecario se ha caracterizado en España por unos tipos de interés competitivos y unos plazos largos. “Ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad a un amplio espectro de población”, sostienen. Según estimaciones de la AEB, el 80% de las familias tiene una casa en propiedad gracias a la financiación bancaria.
Consumidores
Desde las asociaciones de consumidores celebraron el nuevo criterio del Supremo. La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, consideró que la sentencia no sólo permite recuperar a los hipotecados el AJD, sino también otros gastos como la notaría o el registro. OCU y Facua solicitaron a las administraciones públicas que emprendan medidas para que se devuelva los gastos hipotecarios abonados por los hipotecados.