El Gobierno se prepara para presentar a la opinión pública la aprobación de los presupuestos por parte de Bruselas como una épica victoria de la Justicia universal, de la solidaridad, del bien. Que la Comisión Europea otorgue su luz verde no significa que avale las cuentas ni que las comparta, ni que garantice su éxito. De hecho, en el momento que Bruselas diga adelante, el Gobierno describirá a la Comisión como un grupo de estadistas que vigilan por los derechos de los ciudadanos europeos y por su bienestar. Cuando pasados unos meses, la misma Comisión diga que España tiene que hacer recortes para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit, esos grandes estadistas serán tildados de burócratas sin alma –la Europa de los mercaderes– al servicio de los poderosos. Es como esos países con baja credibilidad que cuando acuden a los mercados a pedir dinero llaman a sus prestamistas fondos de inversión, pero cuando se les reclama el pago de la deuda dicen que están acosados por los fondos buitre. En todo caso, el tiempo juega a favor del Gobierno, que ha cocinado estas cuentas como si se tratara de construir un enorme spot comercial, que ya ha empezado a emitirse en todas las pantallas. Son, en teoría, las cuentas que recuperarán derechos sociales nunca antes conocidos y que darán cuerpo a la justicia fiscal. Se verá.
Cuando a finales del primer trimestre del 2020 se haga un balance de los resultados, el pescado estará electoralmente vendido. Otra cosa es el coste en términos de prestigio que unas malas cuentas pueden tener en el balance del Gobierno. Si a Pedro Sánchez los presupuestos le sirven para repetir en el Gobierno o para consolidar su liderazgo en el PSOE, el fracaso numérico le dará igual. Siempre se puede culpar al empedrado. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ha sido la cara visible de estos presupuestos, no tiene nada que perder porque su posición en el ránking de la credibilidad es todavía inexistente y porque ella es una gladiadora del Partido. ¿Y Nadia Calviño? Para una técnico comercial y economista del Estado que ha logrado crecer por méritos propios y desde la ortodoxia profesional hasta puestos de verdadera responsabilidad en Europa no debe ser un trago fácil plegarse a los caprichos de un grupo político, Podemos, que es a la economía lo que el caballo de Atila a la hierba. Hay veces que no merece la pena ser ministro.
Cabía la posibilidad de que este presupuesto no se aprobara, al no contar con el respaldo de los nacionalistas catalanes. Después de oír a Josep Borrell esta semana apostar doble o sencillo a que los nacionalistas pasarán por el aro ya casi no tengo duda de que saldrán adelante. A no ser que Borrell lo haya dicho para provocar la ira de Rufián, y que en el fondo él también desee que no salgan. Dicen los ortodoxos de la inversión bursátil que el último euro siempre lo debe ganar otro. Si el presidente Sánchez se hubiera aplicado el cuento habría acertado de pleno. No hubiera devuelto el brillo que el PSOE tuvo antaño, pero le hubiera dado una manita de dignidad. Después de triunfar con su moción de censura, apoyada en la negación de lo existente por todo tipo de partidos pestillo, las expectativas eran tan bajas que la no aparición de Juan Carlos Monedero en el nuevo Gobierno de Sánchez nos sacó el nudo de la garganta. Tal y como se habían desarrollado los acontecimientos cualquier despropósito era posible. Pero no. Pedro Sánchez presentó un Gobierno perfectamente aseado, con un astronauta irrebatible, un Borrell en modo digno y mujeres aparentemente preparadas. También estaba Carmen Calvo. Si el presidente hubiera convocado elecciones después de la sesión de fotos en la escalinata de La Moncloa, con el argumento de que era imposible compaginar el progreso y la ortodoxia con los socios que le habían aupado, se habría ahorrado muchos bochornos. Ahora ya se le ha agotado el tiempo y es posible que esté en franca recesión después de que muchas piezas de su Ejecutivo y él mismo hayan quedado marcados. Los Presupuestos son su último cartucho, pero ni el cameo permanente con Iglesias ni la visita de éste a Junqueras le van a sumar adeptos más allá de los incondicionales que se excitan con las palabras gruesas que caracterizan hoy la política.
El populismo está cubriéndolo todo y a eso no es ajeno el poder judicial, que ahora más que nunca debiera tomar distancia del ruido de la calle. No sé si es posible. La última sentencia del Supremo en la que, cambiando de criterio, condena a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) causa cierta perplejidad. En primer lugar porque, como los mercados han demostrado, la seguridad jurídica es un baluarte indispensable en cualquier país serio. En segundo lugar porque da la impresión de que la banca, después de varios años de demonización, se ha convertido en el saco de los golpes recurrente y a veces los jueces dictan sentencias sobre asuntos económicos que ponen en evidencia sus carencias en la materia. Evidentemente el banco es el interesado en que la hipoteca se inscriba y como tal se puede defender que debe pagar el impuesto de AJD. Pero esto es sólo un pequeño detalle dentro de un contrato entre una entidad y un particular cuando se pide un préstamo. El sentido común dice que no se puede individualizar porque hacerlo, como se va a demostrar, modifica las condiciones del resto del contrato. Por tanto, el principal interesado es el que va a pedir el préstamo para, en la mayoría de los casos, realizar la mayor inversión de su vida. Lo otro es accesorio. ¿Desde cuándo lo correcto es talar el árbol para coger la fruta?