La Comisión Europea envió ayer la carta al Ministerio de Economía explicando por qué tiene dudas sobre el plan presupuestario que se le remitió el pasado lunes. Y al contrario de lo que esgrimía el Gobierno, no se trata de un respaldo a las cuentas pactadas con Podemos.
Resumiendo: los técnicos de Bruselas piden más información al Gobierno, haciendo énfasis en el impacto presupuestario de las medidas anunciadas; advierten de que el incremento del gasto público primario está por encima del recomendado (crece un 1,7% en lugar del 0,6% indicado); subrayan que el esfuerzo estructural fiscal está por debajo del requerido (0,4% en lugar del 0,65%); avisan de que hay riesgos de que este último no se cumpla y no ven claro tampoco que las cuentas permitan que la deuda pública baje al ritmo requerido.
Además, desde Bruselas mencionan el riesgo de que los presupuestos que se aprueben finalmente sean distintos de los esbozados el lunes, por lo que piden que, en caso de que haya cambios, se envíen los nuevos tan pronto como sea posible
Fuentes comunitarias aseguran a EXPANSIÓN que tienen dudas razonables sobre las cuentas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, especialmente por el lado de las previsiones de ingresos. Los 1.200 millones de euros del impuesto sobre servicios digitales, los 850 millones del impuesto sobre las transacciones financieras, los 1.500 millones que se recaudarán de más por la subida del SMI… Todos esos números suenan muy optimistas en la Comisión y necesitan más datos para ver de dónde salen.
El tono de la carta es negativo. Estas misivas solo se envían cuando Bruselas tiene dudas sobre el cumplimiento de las normas fiscales de la UE. Sin embargo, es harto improbable que la Comisión tumbe los presupuestos del Gobierno. Las infracciones, al contrario de lo que ocurre por ejemplo con Italia, no son suficientemente graves como para que a Bruselas le valga la pena abrir un nuevo frente político con España.
Uno de los puntos clave aquí es el esfuerzo estructural fiscal. La Comisión pide ajustes permanentes de recorte de gasto público o de incremento de ingresos por un valor neto del 0,65%, unos 8.200 millones. Aunque las cuentas de Montero solo prometen un 0,4% (5.000 millones), la flexibilidad que otorgan las normas comunitarias permitiría pasar la prueba con esa cifra.
Con que el Ejecutivo comunitario mantenga el mismo baremo de flexibilidad y permisividad que tuvo con el Gobierno anterior, la sangre no debería llegar al río. De hecho, el ahora vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, recibió dos de estas cartas: una cuando el Gobierno estaba en funciones y otra el año pasado.
Ahora el Gobierno tiene que responder a la carta de la Comisión. Lo normal es que Calviño se vea obligada a defender las estimaciones de ingresos de Montero, dando alguna que otra explicación, pero, sobre todo, que se comprometa a adoptar medidas adicionales en caso de que las cuentas se desvíen. Con eso siempre ha sido suficiente.
Recibieron ayer una misiva como la española Bélgica, Francia, Portugal y Eslovenia. Las misivas no iban firmadas por los comisarios Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis, como en años anteriores, sino por un alto funcionario, el Director General de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Buti, e iba dirigida al Secretario General del Tesoro, Carlos San Basilio.
Desde Economía y Hacienda afirmaron que esto demuestra que el grado de preocupación de la Comisión es menor que en otras ocasiones. Una nota de prensa de Economía definió la carta como un “documento técnico en el que se requiere determinada información con el fin de facilitar el análisis de los servicios de la Comisión”.
Fuentes de la Comisión aseguran a EXPANSIÓN que la única razón para cambiar al destinatario y los remitentes de las misivas es separar al grupo de cinco países de Italia, donde el grado de incumplimiento es mucho mayor.