La primera ministra Theresa May acudió ayer a la Cámara de los Comunes para intentar ganarse el apoyo parlamentario a su plan para alcanzar un acuerdo con Bruselas que permita una salida ordenada de la Unión Europea, ruptura prevista para el próximo 29 de marzo de 2019.
En su intervención, la líder conservadora aseguró que “el 95% del acuerdo y sus protocolos [para implementar el Brexit] ya han sido establecidos”, al haber resuelto asuntos como el futuro de Gibraltar, la coordinación en materia de seguridad, el respeto al derecho de residencia de los europeos en Reino Unido y la continuidad de la base militar británica en Chipre.
May glosó el inicio “de una nueva etapa en las relaciones con Gibraltar”, gracias al protocolo y los memorandos suscritos con el ejecutivo de Pedro Sánchez, “en cercana colaboración con el Gobierno de Gibraltar”.
Sólo queda por determinar la relación aduanera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Londres y Bruselas están de acuerdo en evitar la implantación de controles en esa frontera, pero ambas partes tienen soluciones diferentes a partir de diciembre de 2020, fecha final del periodo de transición durante el que Reino Unido seguirá dentro del mercado común y la unión aduanera.
Mientras la UE cree que después de esa fecha podría ser necesaria la instauración de controles a los movimientos de productos entre Irlanda del Norte y Reino Unido, para evitar la frontera interna en la isla, el Gobierno británico lo considera inaceptable, “ya que supondría crear una aduana en el Mar de Irlanda y romper la integridad de Reino Unido”, según May. La primera ministra quiere que esta posibilidad sea excluida “con un compromiso legal vinculante” en el pacto con la Unión Europea.
La alternativa planteada por May es dotar al Gobierno británico de una “opción” por la que, cuando se acerque el final del periodo transitorio y si no hay otra solución (como controlar la aduana irlandesa a través de sistemas tecnológicos sin implantar puestos físicos), Reino Unido podrá elegir entre extender esa fase de implementación o mantenerse dentro de la unión aduanera. “Si al final de 2020 nuestra relación futura no está preparada, nuestra propuesta es que Reino Unido sea capaz de tomar una decisión soberana entre una unión aduanera de todo el país con la UE o una corta extensión del periodo de implementación”.
La inquilina de Downing Street parece inclinarse por esta segunda alternativa. “Hay circunstancias en las que podría ser argumentado que una extensión del periodo de implementación es preferible, ya que las empresas solo tendrían que realizar una adaptación [al marco legal]. En todo caso, hay que asegurar que cualquiera de esas soluciones no pueden ser indefinidas y deben estar acabadas bien antes del final del actual Parlamento [junio de 2022]”.
Dos problemas afronta May. En Bruselas, no se ve con gran entusiasmo la posibilidad de dar a Reino Unido esa libertad de elección para mantenerse en el mercado común o la unión aduanera hasta cuando considere conveniente. Además, en caso de no llegar a un acuerdo en este asunto, el otro 95% ya discutido tampoco entraría en vigor, dando lugar a un Brexit caótico tras marzo de 2019.
Presión euroescéptica
Además, la idea de extender el periodo de transición es rechazada por el ala más euroescéptica del Partido Conservador. Estos diputados creen que alargar la transición equivale a extender el “vasallaje” británico ante la UE, ya que tendrá que acatar sus normas y contribuir a sus presupuestos durante ese periodo sin participar en las decisiones.
Este descontento se ha plasmado en rumores sobre un posible intento de varias decenas de parlamentarios conservadores de echar a Theresa May. Si 48 de ellos lo proponen, la primera ministra tendría que someterse a un voto de confianza dentro de su partido. Algunos comentaristas creen que no habrá rebelión hasta ver el pacto de May con Bruselas y sus opciones de ser aprobado por el Parlamento británico.
Este doble frente abierto de May, en Bruselas y dentro de su propio partido, hizo que la libra bajara ayer alrededor de un 0,6% ante el dólar y un 0,3% ante el euro. Jordan Rochester, de Nomura, canceló su consejo de comprar libras: “Si se abre una pugna por el liderazgo del Partido Conservador, se puede esperar una significativa caída (1%-2%) de la libra”.