Los seis primeros meses del año han sido de luces y sombras para el mercado de trabajo español. Por un lado, en junio el número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra más alta de la historia al situarse en 19,5 millones de personas. Por otro, la disminución del desempleo sigue su proceso de desaceleración: en el primer semestre de este año, el paro registrado se redujo en sólo 187.000 personas, frente a una media de 300.000 en los dos años anteriores. Es más, la reducción del paro registrado en los seis primeros meses del año 2017 duplicó la alcanzada durante este año.
En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en el periodo que va de enero a junio de 2019, subieron bastante menos que en el mismo periodo en los años 2017 y 2018. Mientras este año el aumento de las afiliaciones no alcanza el medio millón de personas, en los dos años anteriores se superó dicha cantidad. Además, la afiliación en lo que va de año sería sólo de 457.800 personas si se restasen las 32.800 personas que, desde el pasado 1 de abril, se han acogido al convenio especial de los cuidadores no profesionales, de las personas en situación de dependencia. Dichas cuotas a la Seguridad Social fueron abonadas por la Administración General del Estado; es decir, no suponen ningún ingreso para el Estado (ver cuadro adjunto).
La sostenibilidad de las pensiones
Estas cifras suponen una mayor presión sobre el cuestionado sistema de pensiones públicas. La reforma del sistema se hace si cabe más urgente, lo que resulta complicado en un momento político tan inestable como el que vivimos. Más aún, si se tiene en cuenta que la capacidad del gobierno para endeudarse, y con ello llevar a cabo las reformas necesarias, es inexistente. No debemos olvidar que los datos publicados en junio por el Banco de España cifraban la deuda de las Administraciones Públicas en casi un 97% del PIB, lejos del objetivo del 60%, que fue aumentando a partir de 2011, llegando a alcanzar el 100% en 2014.
La temporalidad
Además, la contratación indefinida ha perdido relevancia, algo que ya venía observándose desde que, en enero de 2019, se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional a 1.050 euros/mes (incluyendo las cotizaciones sociales). Así, de los 2 millones de contratos registrados en junio, sólo el 8,5% fueron indefinidos, siendo el resto temporales. Aunque la estacionalidad, característica esencial de esta época del año, justifica el alto peso de los contratos temporales, lo cierto es que sólo un año antes, en junio de 2018, los contratos indefinidos supusieron un 9,5% del total de contratos registrados.
El panorama del empleo en España tiene muchos frentes, entre otros la anunciada desaceleración económica. Las incertidumbres políticas, nacionales e internacionales hicieron que el segundo trimestre de 2019 se haya cerrado con una tasa de crecimiento interanual del PIB del 2,3%, siete décimas por debajo de la alcanzada un año antes, cuando esta tasa se situó en el 3%.
Estrategia económica
La lectura que debemos hacer de estos datos es sencilla. Por un lado, y aunque la propia temporalidad de nuestra estructura productiva reduce las posibilidades de crear empleo estable, lo cierto es que se hace cada vez más necesario profundizar en la reforma laboral que ya se puso en marcha en 2012. Favorecer la contratación indefinida es, sin duda, una buena forma de estabilizar la economía. Otra es aunar esfuerzos para colocar al sector manufacturero español, que es el más capaz de crear empleo estable, en el lugar que se merece. Su aportación al PIB no alcanza el 14%.
Una tendencia decreciente que, desgraciadamente, continuará, pues el PMI manufacturero ha pasado del 50,1 en mayo al 47,9 en junio, anticipando así la contracción de la actividad privada. Para activar la industria, resulta imprescindible aumentar las exportaciones mejorando la competitividad. Se precisan medidas que apoyen el dinamismo y el crecimiento de la productividad de nuestra mano de obra, muy mermada frente a la de nuestros principales socios comerciales. Así, en los últimos 25 años la productividad española se ha reducido frente a la media de las principales economías desarrolladas, hasta el punto de haberse duplicado el diferencial que nos separa de la productividad media de los países de la zona del euro.
Se necesitan, por tanto, propuestas que potencien los efectos positivos del progreso técnico y digital, pero que al mismo tiempo suavicen los costes que puedan derivarse de la revolución digital que ha empezado. En este sentido, impulsar el gasto en I+D, aumentar el tamaño medio de nuestras empresas y, sobre todo, mejorar el capital humano, se presentan como las mejores opciones. En el reciente informe de la OCDE Estrategia e competencias de la OCDE 2019 se deja claro que España no sólo presenta un déficit cuantitativo en capital humano, sino también cualitativo. El porcentaje de población en edad de trabajar que carece de estudios medios o superiores se sitúa en el 34%, muy por encima del de Corea o el de Japón, donde este porcentaje sólo alcanza al 5% de la población en esta edad.
Los resultados que arroja el último informe PISA ponen en evidencia la calidad de nuestra formación y hacen que se tambaleen los cimientos del sistema educativo. La capacidad matemática, de comprensión lectora y de conocimiento de ciencias de nuestros jóvenes de 15 años, equivale a la de un joven de 14 años japonés. Si bien, esta diferencia, que puede parecernos insignificante, aumenta a medida que lo hace la edad de la población. El motivo se debe a que la posibilidad de acceder a formación continua dentro de la empresa se reduce notablemente cuando hablamos de la población que sólo tiene la formación básica.
Estabilidad política
En definitiva, España tiene una larga y urgente tarea por delante. La situación puede mejorar siempre que se adopten las medidas oportunas dentro de un marco que debe ser amable con las empresas y con el buen funcionamiento de los mercados. Para ello, son necesarias decisiones que sólo una cierta estabilidad política puede impulsar.