El acuerdo entre Estados Unidos y Francia sobre la tasa digital puesta en marcha de forma unilateral por el Gobierno de Emmanuel Macron fue el principal fruto inmediato de la cumbre del G7 en Biarritz (Francia). Éste se comprometió a modificar el impuesto digital vigente para homogeneizarlo con el que acuerden las principales economías en el marco de la OCDE y reembolsar a las compañías estadounidenses lo que hayan tributado de más hasta entonces, mientras que Donald Trump retiró su amenaza de aumentar los aranceles a las exportaciones de vino francés hacia el mercado estadounidense. El entendimiento entre Estados Unidos y Francia supone un inédito gesto de la Administración Trump hacia un tributo que afectaría sobre todo a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, que realizan ingeniería fiscal para reducir su carga impositiva en muchos países de la zona euro, y podría servir para desatascar las negociaciones en la OCDE para consensuar un impuesto similar que se aplique por igual en los países más industrializados del mundo. Por eso resulta sorprendente que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez mantenga sus planes inalterados para aprobar su propia tasa a los servicios digitales cuando se forme un nuevo Ejecutivo. Esto supondría un desafío abierto a la Administración Trump, que no ha dudado en tomar represalias contra cualquier país que haya adoptado medidas que lesionen los intereses de EEUU o sus empresas. Las compañías españolas ya se han visto perjudicadas por decisiones del Gobierno estadounidense, como los aranceles a las exportaciones de acero, aluminio y aceituna negra, o con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que expone a las hoteleras presentes en Cuba a reclamaciones millonarias por parte de ciudadanos norteamericanos. Abrir ahora otro frente de conflicto actuando de forma unilateral, al margen de los organismos multilaterales, en un asunto tan delicado como la fiscalidad internacional, parece poco acertado, además de potencialmente peligroso. Más aún si el verdadero motivo de fondo no es corregir la baja tributación de la que se benefician estas compañías, ya que la medida también afectará a empresas de menor tamaño y origen español que prestan servicios en Internet, sino financiar el fuerte aumento del gasto público que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez de la mano de Podemos, que pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria. Porque las estimaciones de ingresos con este gravamen realizadas por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, de 1.200 millones de euros anuales frente a unos 400 millones previstos por Francia con el mismo tipo impositivo aunque mayor umbral mínimo, se antojan inalcanzables. Demasiados elementos en contra para tan improbable ganancia.