El ardid legal utilizado por Boris Johnson para bloquear el Parlamento británico durante cinco semanas y evitar así que puedan verse frenados sus planes de imponer un Brexit duro no ha servido de momento para intimidar a la UE ni para ablandar su postura respecto a la mayor crisis que afronta el proyecto europeo desde su creación. Bruselas, que el miércoles guardó un prudente silencio, rechazó ayer el órdago lanzado por el primer ministro británico. Lo hizo a través de su hombre fuerte en la negociación del divorcio, Michel Barnier, quien afirmó que, ante el empeño de Johnson en romper con la UE con o sin acuerdo, el bloque comunitario “seguirá defendiendo los intereses de sus ciudadanos y empresas en todas las circunstancias”.
El negociador jefe europeo del Brexit fue más allá y aseguró que ls UE protegerá “las condiciones de paz y estabilidad en la isla de Irlanda”, porque “es nuestro deber y nuestra responsabilidad”. Barnier se refirió así al asunto más espinoso en las conversaciones entre Reino Unido y la UE. Mientras que el bloque comunitario considera imprescindible la existencia de una salvaguarda para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, el premier británico exige su eliminación como condición sine qua non para un acuerdo.
La posible supresión de ese backstop ha resucitado el fantasma del sangriento conflicto vivido durante tres décadas en el Ulster (Irlanda del Norte) entre unionistas –probritánicos– y republicanos, partidarios de la independencia o de su integración en Irlanda. Un enfrentamiento al que puso fin el llamado acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998, entre cuyas condiciones figuraba la ausencia de fronteras físicas en la isla. El Brexit pone ahora en riesgo la frágil estabilidad lograda en la zona con la eventual reaparición de barreras y controles entre ambas Irlandas.
Con este contundente mensaje rechazó ayer Barnier el envite de Boris Johnson, en el que los expertos ven un intento de arrancar concesiones in extremis a Bruselas ante la inminencia de una ruptura caótica de efectos potencialmente desastrosos. El bloque comunitario, que ya ha advertido de que la peor parte la sufriría la economía británica, parece confiar en que sea la propia oposición interna la que ponga coto a la piromanía política de Johnson. De momento, su decisión de suspender la actividad en la Cámara de los Comunes ha encontrado una fuerte contestación tanto en la calle, donde ayer se habían recogido cerca de 1,5 millones de firmas para revertir la suspensión parlamentaria, como entre las fuerzas políticas, incluidas las propias filas conservadoras, provocando una crisis institucional. Las primeras víctimas del incendio provocado por el primer ministro se produjeron en el seno conservador, con las dimisiones de la líder tory en Escocia, Ruth Davidson, y el representante del Gobierno en la Cámara de los Lores, George Young. Por su parte, el portavoz de Economía del Partido Laborista, John McDonnell, llegó a acusar a Johnson de “comportarse como un dictador”.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, abogó ayer por “legislar rápidamente” a partir del 3 de septiembre para frenar políticamente a Johnson y conjurar el riesgo de un Brexit caótico. Cuenta con un margen de tiempo muy reducido para consensuar una respuesta, ya que las sesiones se suspenderán a partir del día 9. Corbyn insistió ayer en que presentará una moción de censura contra el primer ministro “cuando sea necesario”, aunque sin precisar cuándo. El problema es que el dirigente laborista no concita ni las simpatías ni los apoyos necesarios para liderar un intento de desalojar a Johnson de Downing Street. El tiempo corre y lo hace a favor del controvertido Premier británico.