El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, reconoció ayer que algunos cambios introducidos por Mifid II, “como los que han afectado al servicio de análisis, pueden estar teniendo algún efecto secundario negativo”. Y añadió que “los reguladores y supervisores europeos debemos evaluar los efectos de las nuvas normas y estar abiertos a introducir las oportunas modulaciones”. Albella compareció en la Comisión de Economía del Congreso para explicar el informe anual de actividad de 2018.
El presidente del organismo que supervisa los mercados españoles incidió, no obstante, en que las nuevas normas están propiciando más transparencia y competencia, reflejada en menores costes para los inversores, un mejor tratamiento de los conflictos, y más y mejor asesoramiento.
Albella insistió en la necesidad de reforzar la eficiencia y competividad de los mercados españoles, abogando por equiparar el marco regulatorio con el de los países europeos relevantes. Se refirió específicamente al “ángulo fiscal”, que no “debe operar como desincentivo” para la localización de negocios de servicios de inversión en España. En su opinión, habría que valorar el posible impacto del impuesto de transacciones financieras (tasa Tobin), que no ve “muy favorable” y que, en todo caso, “habría que acometerlo de forma coordinada en Europa”.
El presidente de la CNMV explicó que el organismo exigirá a las compañías que informen sobre las indemnizaciones a directivos por no concurrencia o causas similares, y que computen en sus informes de retribuciones las remuneraciones a largo plazo, como aportaciones a planes de pensiones. Éstas son algunas de las modificaciones que se introducirán en el Código de Buen Gobierno para aumentar la transparencia de la información que suministran a las empresas.
Albella volvió a pedir que la CNMV recupere la autonomía que tuvo en el momento de su creación para la gestión de personal, a un nivel equiparable al que disfruta el Banco de España. Pidió que esta institución quede al margen del mecanismo global de la oferta de empleo público, al igual que el Banco de España y el Frob, para cubrir las plazas de manera inmediata y subsanar la “muy deficiente” calificación que en gestión del talento obtuvo la Comisión en un ejercicio de comparación con otros supervisores europeos realizado por el consultor Oliver Wyman.