Urge frenar el delirio vandálico separatista

El independentismo catalán consiguió ayer colapsar la ciudad de Barcelona en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés pese a que el seguimiento de la manifestación y la huelga general fue reducido. Lo hizo movilizando de nuevo, como durante toda la semana, a los elementos más radicales entre sus filas y también gracias al efecto llamada sobre otros movimientos minoritarios de extrema izquierda. Lo cual agrava la irresponsabilidad de las autoridades autonómicas catalanas, con el presidente de la Generalitat catalana Quim Torra como principal instigador, al haber alentado las movilizaciones y protestas callejeras contra la condena del Supremo a los líderes de la intentona golpista de 2017 por sedición. La manifiesta incapacidad demostrada por éste y su gobierno para contener el vandalismo descontrolado que han debido sufrir los habitantes de la Ciudad Condal en las últimas noches hace más acuciante la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el regreso de la normalidad y el mantenimiento del orden público en Cataluña. Sin embargo, el presidente en funciones trató ayer desde Bruselas de modular la esperada respuesta del Estado a la violencia en las calles de Barcelona con el argumento de que “el Estado no puede ceder ante la exaltación”, reiterando la importancia de actuar con proporcionalidad. Una prudencia que no puede ser sinónimo de inacción si los actos vandálicos se prolongan durante más días en Cataluña. La sensación de desgobierno en esta comunidad autónoma, aunque achacable en exclusiva a la Generalitat encabezada por Torra, resulta demoledora para la convivencia, la economía y la imagen internacional de la Ciudad Condal. Sánchez ha venido reiterando que el Ejecutivo estaba preparado para actuar en todos los escenarios posibles tras la sentencia del Supremo. Pero esa reacción del Estado hasta el momento se ha limitado al refuerzo de las Fuerzas de Seguridad a la labor de los Mossos d’Esquadra para garantizar la seguridad y la actuación de la Justicia contra los impulsores de las acciones violentas. Parece llegado el momento de que el Gobierno dé un paso más.