Tras su investidura fallida y ante el temor al tsunami que finalmente ha desencadenado la sentencia del procés en Cataluña, Pedro Sánchez ha ido endureciendo su discurso contra el independentismo, creando la atmósfera de que una actuación en la autonomía podría ser inminente si el desafío a las instituciones continúa. De hecho, el presidente en funciones trasladó ayer a la oposición que “no descarta ningún escenario” en Cataluña para impedir que “la violencia se imponga a la convivencia”, aunque vino a dejar claro que, a su juicio, no se dan aún las condiciones para tomar medidas drásticas. Sánchez prometió actuar con “firmeza democrática”, buscando la “unidad de los partidos políticos” y con “proporcionalidad en la respuesta”. Una respuesta que modulará en función de la actitud del la Generalitat que encabeza Quim Torra, a quien recordó “el deber político y moral de condenar sin paliativos la violencia”.
Los líderes de PP y Cs no comparten en absoluto la percepción de Sánchez y su máxima de que “la moderación de la respuesta es otra forma de fortaleza” y ayer le exigieron que pase de las palabras a los hechos ante la escalada de tensión y violencia en Cataluña con la connivencia, e incluso la participación directa en los actos de boicot, del presidente Torra.
Sánchez hizo estas afirmaciones tras reunirse en Moncloa con Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Podemos) en busca de su “lealtad institucional y unidad” para abordar el polvorín catalán. El líder de los populares, que acusó a Sánchez de “imprevisión” y de “no estar a la altura”, reclamó la aplicación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional “para que Torra no esté en la cadena de mando de las políticas de Interior de la Generalitat”, y le instó a enviar un requerimiento al presidente del Govern para que cumpla sus “obligaciones constitucionales y legales” como paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución. Sánchez se resiste a aplicar la Ley de Seguridad con el argumento de que hasta ahora ha funcionado correctamente la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.
Casado, que se mostró especialmente duro con Sánchez, reprochó al líder socialista haberse apoyado en los votos de los separatistas para llegar a la Moncloa, así como su “irresponsabilidad” de “forzar” la repetición electoral ante la tormenta que se avecinaba. Sin paños calientes, el presidente del PP evidenció la incoherencia que supone pedir la unidad de los constitucionalistas al tiempo que el PSC mantiene pactos con los independentistas, los mismos que estos días desafían el orden institucional y llaman a la confrontación con el Estado, en 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. “Si Sánchez quiere ser creíble y que los constitucionalistas vayamos juntos, lo primero que tiene que hacer es romper cualquier acuerdo institucional con los independentistas”, afirmó Casado.
En términos parecidos se expresó el líder de Cs. Albert Rivera urgió a Sánchez a tomar el control de la situación en Cataluña “para que se garantice el orden y las libertades”. Rivera prometió lealtad al Gobierno, “sea cual sea”, y volvió a poner encima de la mesa la necesidad de “pactar cómo aplicar el 155” ante la actitud de permanente desafío al Estado de Torra, a quien definió como “un conductor suicida gobernando Cataluña” al que es necesario cesar para “recuperar el control público, la libertad y la convivencia”. Para Rivera, es crucial crear una mesa de trabajo entre PSOE, PP y Cs para abordar el grave “problema de convivencia” que se vive en Cataluña.
Para el PSOE, sin embargo, la urgencia parece relativa. Y así ya se lo había transmitido antes Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que a su salida del encuentro en Moncloa manifestó que su impresión es que el Ejecutivo no va a adoptar medidas excepcionales en Cataluña a corto plazo. A su vez, Iglesias trasladó al jefe del Ejecutivo que no podrá contar con él para una eventual aplicación del 155 o de la Ley de Seguridad Nacional, toda vez que, a su juicio, “el Código Penal no va a servir para resolver un problema político”. Su lealtad institucional se ciñó a apelar a la búsqueda de “soluciones políticas” en el marco de la ley. No hay que olvidar que Podemos, en su programa electoral del 28-A, planteaba la celebración de un referéndum pactado para resolver la crisis catalana, una visión que no comparte el PSOE y que fue, precisamente, uno de los principales argumentos empleados por Sánchez para cerrar la puerta a un Gobierno de coalición con los morados.
Editorial / Página 2