Hay récords que es mejor no batir por sus serias implicaciones negativas. La deuda acumulada por la Seguridad Social superó en agosto los 50.000 millones por primera vez en su historia, al cerrar el mes en los 51.193 millones, un 46,8% más que un año antes y casi el triple que en 2016, según se desprende de los datos publicados ayer por el Banco de España. Una pésima noticia para un sistema en el que llueve sobre mojado, al arrastrar de por sí un déficit superior a los 17.000 millones de euros anuales (desfase entre ingresos y gastos) y que certifica la grave situación de las arcas de la Seguridad Social.
El endeudamiento del sistema se ha disparado en los últimos tres años al ritmo de los créditos concedidos por el Estado para afrontar el pago de las pensiones y, en especial, la revalorización media del 1,6% pactada entre PP y PNV para 2018 y 2019. En la actualidad, la nómina mensual de las pensiones roza los 9.700 millones (frente a los 6.500 millones de 2009), cuantía que se duplica en junio y noviembre con el desembolso de las pagas extras. Entre 2017 y 2019, el Estado ha otorgado préstamos a la Seguridad Social por más de 39.000 millones, de los que solo faltan por liberar unos 6.300 millones que se emplearán para abonar la extra de Navidad y que dispararán la deuda por encima de los 55.000 millones.
De forma paralela a los créditos, los sucesivos gobiernos, y con especial profusión los gabinetes de Rajoy durante los peores años de la crisis, han ido vaciando la denominada hucha de las pensiones, que al cierre de este año apenas contará con 1.500 millones, un pálido reflejo de los 66.800 millones que llegó a atesorar en 2011.
Con estos mimbres, que muestran a las claras la precariedad del sistema público de pensiones, los grandes organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España o el FMI, no se cansan de advertir de la necesidad de acometer reformas estructurales para evitar el colapso del sistema y apuntalar su sostenibilidad a medio y largo plazo. Los partidos políticos, inmersos en una perpetua campaña electoral desde hace meses, han optado por mirar hacia otro lado ante un asunto espinoso, mientras que el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no ha dudado en hacer electoralismo al prometer de forma unilateral que subirá un 0,9% las pensiones de 2020 en diciembre (con un coste de 1.400 millones para el Estado), soslayando el acuerdo tácito de no sacar esta cuestión del marco del Pacto de Toledo, y haciendo oídos sordos a las advertencias de los expertos sobre el riesgo que entraña volver a vincular su revalorización al IPC.
Todo ello en un entorno en el que España sigue sin hacer los deberes ni en deuda ni en déficit. El endeudamiento público volvió a repuntar en agosto, hasta los 1,20 billones de euros (el 98% del PIB), acumulando un alza de casi 35.000 millones respecto al mismo mes del año pasado, según el Banco de España. En lo que atañe al déficit, España y Francia cerraron 2018 con el segundo mayor desfase de la zona euro, un 2,5% del PIB, solo por detrás del 4,4% de Chipre. Según los augurios de los expertos, el Estado apenas reducirá el déficit este año (hasta el 2,3%-2,4%), mientras que algunos, como Funcas, pronostican que en 2020 incluso volverá a crecer.