Toque de atención de la Comisión Europea al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez: su Plan Presupuestario para 2020 se queda muy corto en el ajuste del déficit estructural exigido y cuadruplica el ritmo de crecimiento del gasto público recomendado por el Ejecutivo comunitario. En otras palabras, el borrador de cuentas que el Ejecutivo español remitió a Bruselas el 15 de octubre representa “un riesgo de desviación significativa” de los objetivos fiscales (déficit, gasto y deuda) marcados para 2019 y 2020, según la carta enviada ayer por Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, y Pierre Moscovici, comisario de Economía, a la ministra española del ramo en funciones, Nadia Calviño.
El Ejecutivo comunitario reprochó al Gobierno español que el gasto público primario neto (esto es, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, las prestaciones por desempleo o las inversiones cofinanciadas con fondos europeos) vaya a crecer un 3,8% en 2020, hasta los 502.000 millones de euros, cuando el tope fijado por Bruselas es del 0,9%. Es decir, España ha presupuestado un aumento del gasto de unos 18.400 millones, cuando no debería incrementarlo en más de 4.350 millones de euros, lo que arroja un desfase de 14.000 millones que Bruselas insta a corregir en un futuro proyecto presupuestario actualizado. Máxime cuando en el plan de Sánchez hay mucho más gasto pero brillan por su ausencia las medidas para obtener ingresos adicionales.
Déficit estructural
La Comisión Europea reprendió también al Gobierno español por su cuasi nulo esfuerzo en la reducción del déficit estructural (aquél que no tiene en cuenta el ciclo económico). Bruselas reclama un ajuste del 0,65% del PIB para el año que viene, porcentaje equivalente a unos 8.400 millones de euros del Producto Interior Bruto estimado por el Gobierno para 2020. Según la Comisión, las cuentas facilitadas por el Ejecutivo de Sánchez apenas representarían una mejora del 0,1%, menos de 1.300 millones de euros. La desviación en este caso superaría los 7.100 millones, un ajuste que deberá acometer el futuro gobierno.
Bruselas reconoció ayer que el boceto de cuentas para 2020 se ha presentado en una situación de excepcionalidad, con el Ejecutivo en funciones y los Presupuestos prorrogados, pero aun así, Dombrovskis y Moscovici enfatizaron ayer “la importancia” de presentar cuando sea posible un plan actualizado que garantice que España cumple con las metas fiscales fijadas por el Consejo Europeo. Su interinidad fue, precisamente, el clavo al que se aferró ayer el Ejecutivo español para minimizar la reprimenda de la UE, que se mostró suave en las formas pero firme en sus “recomendaciones”. Así, Nadia Calviño, destinataria de la misiva de Dombrovskis y Moscovici, quitó hierro al dictamen. “Se trata de una carta que era la que esperábamos recibir”, afirmó la titular de Economía en funciones, quien añadió que “cuanto antes se constituya un Gobierno con plenas facultades, antes adoptaremos el proyecto de Presupuestos para 2020. Lo enviaremos a Bruselas y conseguiremos un mayor alineamiento con las normas comunitarias y las prioridades políticas de nuestro Gobierno”. En términos similares se expresó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negó que el aviso de Bruselas fuera “una regañina, sino la constatación de que, en efecto, este país necesita Presupuestos”.
España abandonó en junio el brazo correctivo de la UE, después de más de una década de férreo control presupuestario, tras lograr reducir el déficit por debajo del 3%. Ahora, se encuentra bajo el brazo preventivo, un esquema de control más blando en el que la Comisión pone el acento en la corrección del déficit estructural, el control del gasto y el recorte de la deuda, tres asignaturas en las que España sigue suspendiendo.
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