Durante estos últimos meses he venido reiterando la necesidad de que España cuente con un Gobierno sólido y estable. No por interés partidista, sino porque es la única forma de afrontar con solvencia los desafíos que tenemos hoy por delante. Necesitamos una legislatura de cuatro años. Y los hechos están demostrando que nuestro país tiene que contar cuanto antes con un Ejecutivo fuerte para avanzar y responder con confianza a los desafíos de nuestro tiempo.
Los primeros los tenemos en el ámbito internacional. La semana pasada, la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional evidenció lo que estamos observando desde hace meses: la incertidumbre sobre la economía mundial se ha materializado en una ralentización del crecimiento. El FMI estima que la economía mundial crecerá en 2019 al menor ritmo de los últimos años. Para la zona euro anticipa un crecimiento del 1,2%, mientras las principales locomotoras europeas continuarán lastrando las perspectivas del conjunto de la UE.
Hay dos factores que alimentan esta desaceleración global. Por un lado, las tensiones proteccionistas derivadas de la actual Administración estadounidense se dejan sentir ya sobre el comercio internacional. De hecho, la OMC calcula que los intercambios de mercancías crecerán la mitad que el año pasado. Además, recientemente hemos conocido la imposición de nuevos aranceles a la Unión Europea, decisión que rechazamos enérgicamente y que afecta sobre todo a nuestros sectores agrícola y aeronáutico.
Por otro lado, la Unión Europea se enfrenta a las consecuencias de la salida del Reino Unido. El acuerdo respaldado en el último Consejo Europeo, ahora en tramitación en el Parlamento británico, es una buena noticia que podría despejar alguna de las incertidumbres asociadas al Brexit. En cualquier caso, España está preparada ante cualquier escenario a través de un Plan de Contingencia que el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo, al mismo tiempo que países como Francia.
Aquí, dentro de nuestro país, también hay riesgos que requieren la actuación de un Gobierno en plenitud de funciones capaz de unir a España a través de nuestra Constitución y el Estado de las autonomías. El primero de ellos es el de la unidad de los demócratas frente al desafío independentista en Cataluña. El Gobierno siempre ha defendido que la ruptura de la convivencia entre los catalanes debe resolverse por la vía del diálogo como en cualquier gran democracia de nuestro entorno, pero ante todo respetando y cumpliendo la ley. Primero ley y luego diálogo. Este desafío requiere sentido de Estado, es decir, firmeza, templanza, serenidad e inteligencia frente a quienes amenazan con desbordar de nuevo la legalidad y frente a quienes pretenden responder forzando las leyes.
El otro riesgo es cómo hacer frente al desafío económico mundial. Pese al crecimiento del empleo y de la renta de los hogares, no hay que caer en la autocomplacencia sino en el realismo. La respuesta que damos como el gran país que somos debe centrarse en nuestras fortalezas y, desde ellas, seguir creciendo con determinación: disciplina fiscal, cohesión social y transformaciones.
España es una economía abierta al mundo, fuertemente integrada en los mercados internacionales y, por tanto, no es inmune al enfriamiento global. Sin embargo, nuestra economía está aguantando la coyuntura internacional mejor que en el pasado. Prueba de ello son las positivas perspectivas de crecimiento para la economía española de todos los analistas e inversores. Las más rigurosas no bajan de un crecimiento del PIB del 1,9% para este año, con un consenso institucional (Gobierno, AIReF, Banco de España, FMI) en la horquilla del 2% al 2,2%, casi un punto más que lo esperado para el área euro. La economía sigue creando empleo (346.000 en el último año), hemos alcanzado un récord de 12,3 millones de personas asalariadas con contrato indefinido y el paro ha caído por debajo del 14%, la menor tasa desde 2008. Por su parte, la renta disponible de los hogares crece a la mayor tasa de la última década (5,8%), muy por encima del PIB. Debemos creer más en nosotros mismos e influir cada vez más a nivel internacional. Ésa ha sido una de las líneas prioritarias desde hace 16 meses de mi Gobierno.
Los fundamentos de la economía española son, por lo tanto, sólidos y se han reforzado en el último año y medio. El patrón de crecimiento se muestra hoy más equilibrado que en el pasado: se mantiene un firme superávit exterior; la construcción tiene un tamaño acorde con el resto de la economía, sin burbujas desestabilizadoras; los hogares y las empresas han reducido de forma sustancial su endeudamiento, hasta el 58% y el 73%, respectivamente; y el aumento gradual de los salarios está ayudando a mantener el consumo de las familias sin perder competitividad, pues no se está trasladando a los precios, que siguen creciendo menos que en el resto de la zona euro.
Retos pendientes: estabilidad económica y social
España crece y sus fundamentos muestran firmeza, sí, pero no nos conformamos. Persisten dos retos a los que conviene prestar una atención especial en esta fase de desafío económico mundial. En primer lugar, es preciso continuar con el saneamiento de las cuentas públicas, cuyo déficit ya está firmemente por debajo del 3%, aunque la deuda sigue en ratios elevadas. En este sentido, conviene recordar que el año pasado, por primera vez en la última década, las cuentas públicas cerraron prácticamente en equilibrio primario y este año se logrará un superávit primario, por primera vez desde 2007: si las administraciones públicas presentan actualmente déficit no es porque estén gastando más de lo que ingresan, sino porque están haciendo frente al coste de los intereses de la deuda acumulada durante la crisis. El año pasado recortamos el déficit del 3,1% al 2,5% del PIB y este año lo llevaremos al 2%. La propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2019 nos hubiese permitido reducir el déficit más rápidamente, pero está claro el compromiso de España con la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de las reglas europeas, incluso en una situación de prórroga presupuestaria, con una senda decreciente de déficit y deuda que no pone en riesgo el crecimiento económico.
La reducción de la deuda pública no es un capricho. El alto nivel de endeudamiento nos hace vulnerables a la volatilidad de los mercados financieros y, sobre todo, priva al Estado de recursos que destinamos al pago de intereses y que bien se podrían dedicar a otras prioridades. Además, se trata de una cuestión de justicia intergeneracional: no podemos dejar a generaciones futuras una carga de deuda que lastre sus posibilidades de crecimiento. Por eso la actuación del Gobierno se ha orientado a aprovechar la buena situación de los mercados de deuda pública para intensificar el ritmo de reducción y situar la ratio deuda/PIB por debajo del 95% en 2020. Solamente la disminución de la deuda neta emitida en 2019 permitirá un ahorro de 2.000 millones en el pago de intereses.
La gestión responsable de los recursos públicos ha sido reconocida por los inversores. Prueba de esta confianza son la positiva evolución de la prima de riesgo, los tipos de interés negativos a corto plazo para este año y el próximo o la reciente mejora de las perspectivas de nuestra deuda pública por parte de importantes agencias de ráting.
El segundo reto se refiere a la justicia social. La sociedad española sigue sufriendo muchos de los lastres generados en la última crisis, que han deteriorado algunos de los pilares de la cohesión social, a los que debemos dar prioridad más que nunca: la tasa de paro todavía es demasiado elevada; la precariedad laboral impide el desarrollo profesional de los trabajadores, sobre todo los jóvenes y las mujeres; el riesgo de pobreza infantil se ha reducido, pero sigue entre los más elevados de Europa; y los recortes en los servicios públicos no han sido revertidos en su totalidad.
Un horizonte para España
El contexto actual exige tener un buen diagnóstico, una hoja de ruta clara y equipos solventes para llevarla a cabo, como tiene este Gobierno. Perfiles de reconocido prestigio internacional, como el de la ministra de Economía, Nadia Calviño, son muestra de ello. Nuestra estrategia de política económica se basa en la Agenda del Cambio que aprobamos a comienzos de año y se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se conforma en torno a seis grandes prioridades que requieren de reformas estructurales para llevar a cabo las transformaciones sobre las que descansarán la estabilidad y el crecimiento futuro de nuestra economía.
En primer lugar, debemos impulsar la creación de empleos dignos, la lucha contra la precariedad y la elaboración, a través del diálogo social, de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, adaptado a la realidad actual. También debemos abordar la reforma del sistema público de pensiones, para mantener su poder adquisitivo y garantizar su sostenibilidad futura.
En segundo lugar, la revolución tecnológica está transformando por completo nuestras sociedades y relaciones económicas. Tenemos que aprovechar las enormes ventajas que ofrecen la digitalización y la extensión de otras nuevas tecnologías, pero también hacer frente a los riesgos de pérdida de empleos por la robotización. Debemos apoyar con decisión a los autónomos y a nuestras empresas y emprendedores.
Tercero, la transición ecológica es el mayor reto existencial de nuestro tiempo, y debemos abordarla de manera justa, aprovechando las enormes oportunidades de inversión y empleo que genera.
Cuarto, tenemos que alcanzar la igualdad real, de modo que las mujeres puedan desplegar todo su potencial.
En quinto lugar, avanzaremos en la reducción de las desigualdades sociales y generacionales, para hacer más justa e inclusiva nuestra economía.
Por último, haremos hincapié en la cohesión territorial, abordando el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, para que todos los ciudadanos y ciudadanas dispongan de los mismos derechos, vivan donde vivan.
Nuestras prioridades están en sintonía y serán reforzadas con el apoyo europeo. La semana pasada, en el Consejo Europeo analizamos, junto a la presidenta electa de la Comisión, la Agenda Estratégica de la UE para los próximos años. En ella se delinean las grandes políticas y los recursos que requiere Europa, tanto en su acción exterior como en las políticas internas de Unión, destacando con especial atención el vector modernizador que supondrá el Green New Deal europeo, el impulso a las nuevas tecnologías innovadoras y el papel cohesionador del mundo rural y agrario.
Ante un cambio de paradigma: transformaciones
Además de atender el corto plazo y llevar adelante una agenda para la transformación productiva, ecológica y social, el próximo Gobierno debería tomar buena nota de las corrientes de fondo que están cambiando la percepción social de la economía. En cierto modo, el mundo tal y como lo hemos conocido hasta la crisis financiera internacional de 2008 es la herencia de un paradigma en declive: el del debilitamiento del Estado; la competencia fiscal a la baja entre gobiernos, que, en última instancia, deriva en recortes de los servicios públicos que caracterizan el modelo social europeo; las rebajas generalizadas de impuestos; y el sesgo hacia políticas económicas y financieras que aumentan la desigualdad y lastran la cohesión social, poniendo en riesgo la confianza en las instituciones democráticas, verdadero pilar de las democracias avanzadas.
Muchas generaciones de economistas se han formado bajo el axioma de que crecer y distribuir eran antagónicos por naturaleza. Lo importante era crecer primero y bastaba con mejorar el bienestar colectivo si ello permitía compensar a los perdedores. Pero la distribución no llegaba o era escasamente efectiva.
El reciente premio Nobel de Economía, que ha reconocido los estudios sobre reducción de la pobreza de Banerjee, Duflo (la segunda mujer economista en la historia en recibir este galardón) y Kremer, es una muestra de que las sensibilidades han cambiado. Hoy ya prácticamente todos los organismos internacionales y los think tanks más prestigiosos han echado por tierra ese paradigma, demostrando que eficiencia y equidad tienen una relación positiva, que crecer y distribuir pueden y deben ir de la mano. A esto debe ser sensible el próximo Gobierno. Porque posiblemente estemos ante uno de los grandes cambios del pensamiento económico en las últimas décadas.
La gestión de la economía necesita experiencia, prudencia, y responsabilidad social, cualidades que –unidas— tiene el Gobierno actual. Y necesita también de una sociedad dinámica capaz de aprovechar todas las oportunidades a su alcance, como es la sociedad española.
Ninguna de todas estas grandes transformaciones que España necesita pueden emprenderse con un Gobierno débil e inestable. No sólo necesitamos un Gobierno comprometido con el empleo digno, la mejora del sistema educativo, la revolución digital, la transición ecológica, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la cohesión territorial. Lo lograremos a través de un Gobierno fuerte para España. Es el momento de la confianza, la estabilidad y el equipo.
La ruptura de la convivencia entre los catalanes debe resolverse por la vía del diálogo”
El desafío independentista requiere sentido de Estado frente a quienes amenazan con desbordar la legalidad”
La sociedad española sigue sufriendo muchos de los lastres generados en la última crisis”
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Debemos impulsar la creación de empleos dignos y un nuevo Estatuto de los Trabajadores y luchar contra la precariedad”
La transición ecológica es el mayor reto existencial de nuestro tiempo y debemos abordarla de forma justa”
Ninguna de estas grandes transformaciones que España necesita pueden emprenderse con un Gobierno débil e inestable”