Después de un lustro de inestabilidad política, y al borde de las segundas elecciones en el mismo año y las cuartas en los últimos cuatro, España no sólo necesita un Gobierno estable al que le den los números a la hora de acabar con la parálisis reformista que sufre desde 2013. La estabilidad también implica que las políticas del futuro Gobierno contribuyan al crecimiento y hagan frente al nubarrón de riesgos que se ciernen sobre el futuro económico. Y eso, según los empresarios españoles, pasa por menos gasto y bajar impuestos.
El presidente del Círculo de Empresarios fue claro ayer: “Pensamos que se puede gastar menos y gastar mejor”, dijo John de Zulueta en la presentación del informe Reformas socioeconómicas para la nueva Legislatura. Zulueta se mostró optimista en que “vamos a tener Gobierno antes de Navidad”.
Los representantes empresariales están dedicando los últimos días antes del 10-N para hacer ver a los candidatos a la Moncloa que la XIV Legislatura va a ser decisiva para el futuro de la economía española. La desaceleración que ya erosiona los principales indicadores y amenaza las previsiones de crecimiento del PIB español, el impacto del Brexit o de la guerra comercial; y aspectos estructurales de la economía, como la elevada deuda pública, la debilidad del mercado laboral o el riesgo de sostenibilidad del sistema de pensiones, atestiguan la necesidad de una hoja de ruta.
La receta para el nuevo Gobierno, según el Decálogo de prioridades empresariales de CEOE, pasa por estabilidad y moderación que impulsen la competitividad empresarial y la seguridad jurídica. “Lo contrario genera un clima de incertidumbre que provoca parálisis y aplazamiento de las decisiones de inversión y una pérdida de atractivo de nuestro país como destino del capital extranjero”, explica la patronal. A un mayor grado, Cataluña encarna las secuelas de esa inestabilidad de la que advierte CEOE. El conflicto sembrado por el procés se ha saldado con una caída de la inversión extranjera de más del 60% en la comunidad y la fuga de más de 5.000 empresas. CEOE también apela a la moderación, porque “supone un riesgo poner en marcha políticas económicas de máximos, sin una razonable planificación presupuestaria, que acaben por desincentivar la inversión y la actividad económica”.
Aunque hasta ahora España lideraba el crecimiento entre las grandes economías europeas, “la situación económica ha ido empeorando desde abril”, apuntó De Zulueta, y cada vez son más los organismos que rebajan sus previsiones de crecimiento para los próximos años y advierten del elevado déficit, que podría cerrar 2019 en el 2,4% del PIB, 23.500 millones de euros por encima del objetivo de déficit del 0,5% para 2020.
Paradójicamente, pese a que la pérdida de confianza empresarial y de los hogares en el entorno actual debilitan la demanda interna y externa, y aunque los últimos datos del mercado laboral reflejan un parón brusco en la creación de empleo en el tercer trimestre, con el peor registro en siete años, el gasto público ha repuntado por las medidas aprobadas por el actual Gobierno en funciones. Este aumento de gasto, apuntan, no sólo no se ve compensado con el avance de la recaudación, sino que genera incertidumbre y ha elevado “la presión fiscal sobre familias y empresas, impactando negativamente en su capacidad de ahorro, consumo, inversión y generación de empleo”, señaló el Círculo de Empresarios.
Medidas como implementar una renta mínima, indexar las pensiones al IPC o subir el salario mínimo, avisan las patronales, mermarán la competitividad de las compañías españolas, dañarán las inversiones, reducirán el crecimiento económico y retrasarán la reducción del déficit.
Gastar mejor
“Las 370 propuestas del Gobierno significan más gasto”, criticó ayer De Zulueta, que se mostró duro con la gestión del actual Gobierno. “No hay nadie en ningún ministerio pensando en valorar las implicaciones que tienen sus gastos”, criticó De Zulueta, que cita como ejemplo 14.000 millones de euros dedicados a subvenciones o 6.500 millones para formación para desempleo. “Nadie está midiendo el pésimo resultado de todo el dinero que estamos gastando”.
El secreto, apuntó John de Zulueta, está en gastar mejor. Se pueden bajar impuestos y cumplir con el Estado de bienestar sin subir impuestos en las empresas”, explicó el presidente del Círculo de Empresarios, que defiende una reforma integral del sistema fiscal, con un tipo único y más reducido del Impuesto de Sociedades, en el entorno del 20%, y rebajando la fiscalidad de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también se muestra tajante en ese sentido. “No se deben subir los impuestos en España”, subraya la patronal, explicando que el país ya tiene una presión fiscal “superior a la de nuestro entorno”, y especialmente gravosa en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades y a las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. También lo es, defiende, la tributación patrimonial, lo que penaliza el ahorro y la inversión, pese a que tienen escasa capacidad recaudatoria. Por eso defiende que es “prioritario eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y reducir Sucesiones y Donaciones”.