El Ministerio de Hacienda ha trasladado a Andalucía que por haber incumplido el déficit en 2018, año en el que gobernaba el PSOE en la Junta y en el que fue consejera de Hacienda hasta junio la ahora ministra en funciones, María Jesús Montero, no puede financiarse en los mercados. Así lo ha desvelado la Junta, que recibió una carta del Fisco el 5 de diciembre que ha hecho pública ahora. Andalucía, Murcía y la Comunidad Valenciana, las tres comunidades incumplidoras en 2018, presentaron este verano sus Planes Económico-Financieros (PEF) 2019-2020 realizados a petición de la Secretaria de Estado de Hacienda en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En el caso de Andalucía, el cumplimiento del Plan implica, además de los ajustes, que la región no podrá financiarse en los mercados y debe volver al Fondo de Liquidez Financiera (FLA), que abandonó en 2018 por haber cumplido los objetivos de estabilidad en 2017. Según denunció ayer la Junta, esto supone que Hacienda “interviene” sus cuentas, lo que el Ministerio negó ayer de forma rotunda.
“Decir que una comunidad autónoma está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de Facilidad Financiera es faltar a la verdad y, de hecho, esta ha sido la situación que han atravesado la mayoría de comunidades autónomas y Andalucía desde 2012 hasta finales de 2018”, aseguró ayer Hacienda en un comunicado.
El objetivo de déficit de 2018 para las comunidades autónomas fue del 0,4% del PIB. Hacienda imputa un déficit del 0,51% a Andalucía, de 813 millones. Desde el Ministerio apuntan que Andalucía tenía un déficit provisional del 0,37%, y que la desviación se debería a que a lo largo de 2019 –ya con un Gobierno del PP– “se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018”, en concreto, las ejecuciones de sendas sentencias por los retrasos en la Línea 1 de Metro de Sevilla y por el caso Nevadaen Granada.
Andalucía también incumplió los objetivos de deuda y la regla de gasto en 2018. Esto es conocido por la comunidad desde principios de año y, a petición de Hacienda, presentó su PEF en julio. El conflicto real es que ese mes Andalucía también solicitó su adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2020, en concreto, al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), en el que se inscriben las comunidades cumplidoras y que permite acudir a los mercados. La normativa establece que, en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales, las comunidades reciben el dinero a través del FFF o a través del FLA. Las obligaciones y consecuencias de estar en uno u otro compartimiento difieren en el sentido de que en el FLA las cuentas de la región están más controladas por Hacienda, pero las condiciones financieras son las mismas y el tipo de interés para nuevos prestamos es del cero por ciento, por lo que Andalucía logrará un ahorro de intereses.
Los ajustes que la propia Junta prevea hacer están en principio en su PEF. Ayer negó que vaya a haber recortes en Sanidad o Educación. Hacienda destacó ayer que “en ningún caso se le piden recortes, sino que oriente su política presupuestaria al cumplimiento de los objetivos”. Queda por ver si habrá cambios en los Presupuestos de 2020 que aprobó la comunidad el jueves y en su plan de rebaja del IRPF y de otros impuestos, que prevé reducir en cada ejercicio.