Empresa contra empresa

La crisis del coronavirus, como era de esperar, ha avivado los instintos antiliberales y anticapitalistas. Lo vemos en todos los países. Ahora bien, esos instintos también existen entre los empresarios, como escribió Adam Smith: “Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir precios”.

La cita corresponde a La Riqueza de las Naciones, capítulo 10: “De los salarios y los beneficios en los diferentes empleos del trabajo y el capital”; Parte II: “Desigualdades producidas por la política de Europa”. De no existir la influencia política, la propensión de los empresarios denunciada por Smith sería limitada. En un mercado libre, ningún empresario puede subir los precios por su cuenta, porque los clientes optarán por otro oferente más barato; las conspiraciones contra el público tendrían poco recorrido.

Pero en el mundo real, a pesar de las jeremiadas sobre un ficticio “neoliberalismo” predominante, los Estados son los mayores de la historia, y su capacidad de intrusión en las vidas, libertades y haciendas de las personas es enorme. En ese contexto, los temores de Adam Smith ante los empresarios se potencian. De ahí que veamos conspiraciones contra el público articuladas por un poderoso bloque en el que confluyen: políticos, burócratas, empresarios, sindicalistas, ONGs y activistas variopintos, cálidamente amparados por el mundo de las ideas, de la academia a los medios de comunicación, pasando por diversas manifestaciones culturales. Todos tienen intereses, más o menos confesables, y a todos les conviene recortar los derechos y libertades de los ciudadanos, porque de esos recortes, de forma más o menos explícita, viven. Lo único que puede retrasar el saqueo es la contradicción entre tantos intereses, que a veces impide a los depredadores avanzar de consuno contra la gente.

Reparto político de beneficios

En el caso de las empresas, el objetivo está claro, y lo podrá usted detectar en la retórica antiempresarial de fondo, aunque no siempre de forma, que une a buena parte de estos grupos. Los mensajes insisten en que hay que reformar la empresa para que sea socialmente responsable, inclusiva, sostenible e igualadora. La clave no es la rentabilidad de las empresas, sino el reparto de sus beneficios según criterios políticos, de justicia social, protección del medio ambiente, y ahora el coronavirus.

Nada es más celebrado que cuando los propios empresarios, como la Business Roundtable el verano pasado, secundan estas consignas antiempresariales, e incluso desbarran reclamando “recuperar el papel del Estado para corregir los fallos del mercado”, adoptando el lenguaje de quienes aspiran a acosar a las empresas cada vez más.