Cabe recordar que el plan de pago a proveedores que movilizó Mariano Rajoy en 2012 financió con más de 41.814 millones el pago de facturas de 200.000 proveedores.
El Gobierno utiliza así todo el margen que dio el lunes el Eurogrupo, que habilitó a ofrecer un 10% del PIB en liquidez. El Decreto detalla que se trata de una línea de avales por cuenta del Estado, que asumirá por tanto parte de la posible morosidad, para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubre tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de Covid-19. En principio, el Estado cubrirá algo más del 50% del préstamo si hay morosidad. El resto correrá a cargo de la banca.
El Decreto explica que el Consejo de Ministros establecerá las condiciones y requisitos aplicables para que la línea esté operativa de manera inmediata. En este sentido, Sánchez indicó que se aplicarán en un “muy corto espacio de tiempo”.
Asimismo, se permite ampliar la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación ya existentes.
Con este plan de choque “sin precedentes”, Sánchez aseguró que “nadie se va a quedar atrás” en lo que consideró un mensaje “contundente” a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar “toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo”, ya que no va a permitir que “los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia”.
También se aprobó una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Los requisitos para acogerse es que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización en las que el negocio internacional, reflejado en su última información financiera disponible, represente al menos un tercio (33%) de su cifra de negocios, o compañías que sean exportadoras regulares (aquellas empresas que hayan exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio).
A su vez, Hacienda autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por un importe de 300 millones de euros para financiar un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Además, la norma contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles.
“El frenazo en seco de la economía española es temporal, coyuntural y posteriormente tendremos que hacer frente a reconstrucción y recuperación económica y social del país. Resistiremos el golpe”, remachó Sánchez.