La gestión del Gobierno socialcomunista de la emergencia sanitaria y la excepcionalidad económica provocadas por la pandemia del coronavirus Covid-19 sigue estando plagada de bandazos, rectificaciones y enmiendas improvisadas a normas ya en vigor. Volvió a suceder anteanoche con el decreto que regula el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de servicios no esenciales, que el Ejecutivo modificó para excluir a los autónomos de la parálisis obligada casi al mismo tiempo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negaba en una entrevista televisada que exista improvisación en la acción gubernamental. Algo que se está repitiendo con demasiada frecuencia en los últimos días, evidenciando la precipitación con que actúa Moncloa, siempre a rebufo de los acontecimientos y escudándose en las recomendaciones de los expertos y las autoridades sanitarias. Lo cual agrava la incertidumbre que la propia pandemia y las medidas excepcionales para contener los contagios están provocando en familias, empresas, profesionales e inversores. Pese a la sucesión de Consejos de Ministros extraordinarios en las últimas semanas, hasta el de ayer no se aprobó una medida fundamental que lleva en vigor desde hace tiempo en la mayoría de los países comunitarios: la suspensión de los pagos a la Seguridad Social de autónomos y empresas que mantengan su actividad durante la crisis vírica.
Alivios coyunturales. La mayoría de las medidas aprobadas ayer por el Gobierno tienen como denominador común aliviar temporalmente los compromisos financieros de familias, profesionales y empresas. A la moratoria por hasta seis meses de las cotizaciones sociales del segundo trimestre de las empresas y de las cuotas de mayo a julio de los autónomos, que aliviará la asfixia financiera a la que se estaban viendo sometidos por la abrupta pérdida de ingresos y el mantenimiento íntegro de sus obligaciones fiscales, se suman la ampliación a tres meses de la suspensión ya en vigor del pago de hipotecas para afectados por el coronavirus o por un ERTE y la habilitación para que las empresas en concurso de acreedores puedan realizar también un ajuste temporal de sus plantillas. Además, los trabajadores que vean reducida su jornada y su salario podrán rescatar parte de sus planes de pensiones sin penalización, mientras que los particulares arrendatarios de vivienda tendrán la posibilidad de pedir a sus arrendadores retrasos en el pago de los alquileres o solicitar al Estado microcréditos a diez años sin intereses para hacer frente a las mensualidades mientras dure la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Gobierno, a instancias de Podemos, hará distinción entre los propietarios con menos de diez viviendas propias en alquiler y los grandes tenedores de pisos, imponiendo a éstos que concedan a sus alquilados un retraso de hasta cuatro meses en el abono de sus alquileres a devolver en 3 años o una quita del 50% por un máximo de cuatro meses de los alquileres. Una discriminación injustificada que crea inseguridad jurídica en un mercado que la inversión profesionalizada contribuyó de forma decisiva a dinamizar tras la última recesión y que responde únicamente a la fobia de los comunistas bolivarianos contra los fondos inmobiliarios.
Excesivo intervencionismo. De hecho, el factor más preocupante de las medidas económicas aprobadas en los últimos días por el Gobierno es la deriva intervencionista que reflejan. Entre ellas, la obligación al sector energético de retrasar el cobro de las facturas a los afectados por la pandemia, de rebajar la potencia contratada a los usuarios que lo soliciten y de extender el bono social a los afectados por ERTE y desempleados, la prohibición a las telecos de subir precios o la restricción de la publicidad de apuestas. A diferencia de lo que sucedió en los primeros momentos de esta crisis, los de Pablo Iglesias parecen estar imponiendo en el Consejo de Ministros sus prejuicios ideológicos a la ortodoxia económica representada hasta el momento por la vicepresidenta Nadia Calviño. El mayor intervencionismo acrecienta la incertidumbre y daña la confianza empresarial.