Ya puede estar lista la Inspección de Trabajo para comprobar que las empresas cumplen la condición de mantenimiento de plantilla al acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para poder hacer frente a los efectos económicos del coronavirus.
La razón de este aviso es que el 55% de las pequeñas y medianas empresas que soliciten un ERTE al Gobierno o a las comunidades autónomas, no piensa cumplir la condición de mantener el número de trabajadores seis meses después de terminado el estado de alarma, que decide el Ejecutivo. Así lo refleja el último Barómetro de la pequeña y mediana empresa, del mes de abril, publicado ayer por Cepyme, la patronal del sector. La encuesta se realizó con 2.000 empresas, entre los días 3 y 18 de abril, en plena escalada de la pandemia.
Hay que recordar que la principal premisa del ERTE es que las empresas se comprometan a conservar el empleo durante ese periodo a cambio de las siguientes condiciones: pueden enviar temporalmente a los trabajadores al desempleo, y dejar de pagar sus salarios, o una parte de los mismos, y cotizaciones sociales. Por su parte, los empleados pueden cobrar la prestación, aun cuando no hubieran cumplido el tiempo exigido de cotización para ello y, además, no consumen tiempo de prestación. El contador se mantiene a cero.
Sin embargo, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, dijo que “no tiene sentido” la condición de mantener el empleo impuesta por el Gobierno a las empresas que se acojan a un ERTE. “La regulación temporal de la plantilla no tiene que tener un fecha de caducidad. Lo lógico es que las empresas vayan recuperando trabajadores, si pueden, a medida que vayan mejorando”. Precisamente, esta es una de las razones de que los empresarios hayan pedido al Gobierno que se puedan prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del estado de alarma. En este sentido, otra reclamación de los empresarios es convertir los ERTE por fuerza mayor, como la pandemia del coronavirus, en un expediente por causas de la producción.
No obstante, a pesar de pedir medidas al Gobierno, los empresarios son totalmente pesimistas sobre la situación. El 60% anuncia que el numero de empleados en su empresa disminuirá en los próximos 12 meses. Es decir, que tendra que despedir trabajadores.
Las decisiones del Gobierno para combatir la epidemia vírica han hecho tanto daño a las pymes que el 85,81% responde que si se prolonga la crisis peligra la supervivencia de su empresa. La razón es que, en la inmensa mayoría de los casos, se ha roto la cadena circulante que alimenta a la pyme. No hay ingresos y, por lo tanto, no puede pagar ni a los trabajadores ni a los proveedores ni a los bancos.
Aunque el Gobierno haya puesto en marcha una batería de medidas para intentar ayudar a la pyme. Cuerva aseguró ayer que las demandas de los empresarios de créditos del Instituto de Crédito Oficial han superado “ampliamente” los 40.000 millones de euros que, hasta ahora, ha puesto el Gobierno en circulación.
En segundo lugar, el 76,6% de los empresarios valora de forma negativa, o muy negativa, por “insuficientes”, las ayudas del Ejecutivo a las pymes frente al coronavirus.