José Luis Escrivá (Albacete, 1960) estaba a punto de dejar la presidencia de la Autoridad Fiscal (AIReF) por llegar al final de su mandato, cuando le llamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le propuso ser ministro de Inclusión, Migraciones y de Seguridad Social. Como reconoce él mismo, no pudo decir que no a una propuesta del presidente, aunque también intenta dejar claro que él no hace política. No obstante, en una entrevista con EXPANSIÓN, Escrivá apoya a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuando desautoriza el acuerdo del PSOE y Podemos con EH Bildu para cambiar íntegramente la reforma laboral de 2012, que hizo el Gobierno del PP.
– ¿Qué le parece el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu sobre la derogación íntegra de la reforma laboral? ¿No cree que puede ser un obstáculo más para la creación de empleo, ahora que tanto se necesita?
Como ha manifestado la vicepresidenta Calviño, en una coyuntura como la actual nuestros esfuerzos han de orientarse a proteger a empresas y trabajadores y dotarles de instrumentos de flexibilidad, como los ERTE. Y, en cualquier caso, los cambios sustanciales de nuestra normativa laboral deben venir acompañados de un amplio consenso con los agentes sociales.
–¿Será obligatorio buscar trabajo para recibir el Ingreso Mínimo Vital? Se lo pregunto porque, desde el Banco de España hasta la CEOE y el Círculo de Empresarios, sospechan que puede ser otra vía de fraude a la protección social.
Sí, será obligatorio buscar trabajo, y será compatible con tener empleo [para estimular su búsqueda].
– ¿Será complementario con un salario modesto o una prestación similar de las comunidades autónomas?
La prestación de las comunidades autónomas será complementaria, subsidiaria a la cuantía mínima nacional que establezca el Gobierno. Es lo que tiene sentido.
– ¿Cuál es la escala de las prestaciones, según las características de los beneficiarios?
Entre 460 y 1.100 euros al mes. Cuando salga la norma podremos precisarlas; antes, no. Estamos en el proceso de definición final. Lo importante es que haya una diferenciación por tipos de hogar, para que [el Ingreso Mínimo] realmente sea eficaz para la redistribución de la renta y la erradicación de la pobreza extrema. Vamos a diferenciar [el ingreso] hasta por doce tipos de hogares distintos. Eso es lo principal. Primaremos de forma clara los hogares con hijos y los monoparentales.
– ¿Dónde van a estar los umbrales del patrimonio para poder recibir la prestación? ¿En qué medida puede influir tener la casa en propiedad para no recibir el ingreso mínimo vital?
La vivienda habitual estará excluida del patrimonio neto. Estamos calibrando todavía el umbral del patrimonio, con el objetivo de evitar circunstancias injustas, pero al mismo tiempo reducir la pobreza severa.
– ¿Es verdad que serán los ayuntamientos los que gestionen esta prestación? ¿No teme que se repita la picaresca del Plan de Empleo Rural y las peonadas falsas en Andalucía y Extremadura?
El ingreso mínimo es una prestación de la Seguridad Social y será ella la que la reconozca. Se podrá solicitar telemáticamente o en las oficinas de la Seguridad Social, pero va a tener la máxima capilaridad [extensión por toda España]; buscaremos la colaboración tanto de los ayuntamientos, como del tercer sector, de todas las administraciones, para que haya un acceso multicanal.
– ¿Al final, los perceptores del ingreso mínimo van a ser un millón de familias, con tres millones de personas con extrema pobreza?
No sé si llegaremos a esas cifras, porque seguimos calibrando los umbrales del patrimonio [de los potenciales beneficiarios]; quizá, estén algo por debajo. [El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este fin de semana de que 850.000 familias, la mitad con niños, con 2,5 millones de personas se beneficiarán de la prestación].
– ¿Será una prestación permanente, estructural, o será puntual para responder a la crisis en la que estamos?
Es absolutamente necesario que sea estructural. Entre otras cosas, porque el Consejo Europeo nos lo lleva pidiendo desde 2014. Es una petición sistemática, y eso es así porque España tiene un problema de pobreza severa y desigualdad entre las rentas más bajas que no tiene parangón en Europa.
– ¿Usted no cree que puede tener problemas para financiar entre 3.000 millones y 3.500 millones de esta prestación, en un momento en el que las cuentas públicas se han disparado?
Va a haber un aumento de deuda enorme para responder a la crisis. Muy grande. Aquí, y en toda Europa, pero es una subida de una vez y para siempre, asociada a gastos no permanentes, que va a retrasar el proceso absolutamente necesario de consolidación fiscal y de vuelta a deuda sostenible, pero ésta es una medida absolutamente estructural. Estaba ya prevista en el programa de cuatro años del Gobierno, y es mucho más urgente en este momento porque la situación de vulnerabilidad que va a originar el coronavirus es evidente, y hace más perentoria esta política pública.
– ¿Ha tenido que defender sus competencias en el Ingreso Mínimo Vital frente al vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias?
No, no. Las competencias del Ministerio de la Seguridad Social son claras de diseño y de gestión de la prestación. Lo que pasa es que, efectivamente, ellos [en Asuntos Sociales] tienen competencias sobre políticas generales, y de coordinación de las prestaciones que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, como ocurre con otros muchos temas hay una colaboración horizontal con otros ministerios y, singularmente, con la Vicepresidencia Segunda [de Pablo Iglesias]. Se ha funcionado en este tema como en muchos otros temas.
– ¿Cómo va ser la rebaja gradual de cotizaciones sociales de los autónomos hasta el 30 de junio?
Estamos todavía perfilándola, y también tendremos que sacarla pronto. Yo creo que haremos algo similar a lo que hemos hecho con los ERTE, [para el resto de empresas y trabajadores]. Yo creo que tendríamos que funcionar en esas horquillas, sí. [El Gobierno ha establecido que tendrán exención total de cotizaciones, hasta el 30 de junio, las empresas de menos de 50 trabajadores que no puedan reanudar su actividad. Para quienes puedan volver a trabajar, en este tipo de empresas, la exención será del 85%, en mayo, y del 70% en junio. Con los asalariados que no puedan volver a trabajar, la exención de cotizaciones será del 60%, en mayo, y del 45%, en junio]. Y, después habrá un tratamiento específico para los sectores, como ocurre en el caso de los ERTE. Tendremos que analizarlo en un acuerdo de Consejo de Ministros.
– ¿Y no puede usted decirme las horquillas del recorte de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos hasta el 30 de junio?
No. Eso hay que anunciarlo cuando toca.
–¿Ha pensado en extender estas medidas de apoyo a los autónomos con la prórroga de la prestación extraordinaria por desempleo más allá de esa fecha?
Yo creo que habrá que evaluarlo sectorialmente. Eso lo haremos en una norma del Consejo de Ministros.
–¿Qué ha ocurrido con la prestación que iba a pagar la Seguridad Social a los padres y madres que no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar de sus hijos por el cierre de los colegios? Usted la anunció.
Sí, esa iniciativa fue diseñada en un momento en que estábamos concentrados en el cierre de los colegios. Posteriormente, tuvimos una extensión enorme del confinamiento a gran parte de la economía, y dejó de ser una prioridad en el nuevo contexto. De todas formas, el tema de la conciliación se ha ido reconduciendo hacia Administraciones de nivel más bajo.
–¿Y retomará usted esa medida?
Dependerá, un poco, de cómo evolucione la situación en el ámbito de la educación. De todas formas, a través de otras administraciones [como los ayuntamientos] están buscando soluciones a esta situación. No todo van a ser prestaciones de la Seguridad Social.
La cuantía del Ingreso Mínimo oscilará entre los 460 y los 1.100 euros al mes, entre doce tipos de hogares”
El Gobierno hará una rebaja de cotizaciones sociales a los autónomos, hasta el 30 de junio, similar a la de los ERTE”