Los bancos españoles se juegan hasta 4.000 millones de euros con la flexibilización de Mifid II que plantea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El regulador español ha reclamado a la Comisión Europea la prohibición total de los incentivos (comisiones de retrocesión) en la venta de productos financieros a clientes minoristas en toda la Unión Europea, dentro de la revisión de Mifid II en la que Europa está trabajando.
Esta medida afectaría a los 4.083 millones de euros en comisiones de retrocesión en fondos, planes de pensiones y otros productos, como unit links, que ingresa la banca al año. Es decir, es la cantidad que dejarían de ingresar los bancos españoles cada año si se cumpliese la voluntad de la CNMV.
Hasta ahora, el foco de Mifid II recae sobre las comisiones que las entidades cobran a sus clientes por la distribución de fondos de inversión, que se han considerado en muchos casos abusivas. La norma actual solo obliga a las firmas a justificarlas mediante la oferta de un valor añadido, como un servicio de asesoramiento. Y solo con esto, el cobro ha disminuido entre un 10% y un 20% en España en dos años, según el regulador.
La institución presidida por Sebastián Albella ha detectado una aplicación no homogénea entre unos países y otros dentro de la UE, que deja a los bancos españoles en clara desventaja. La legislación española es más estricta en este punto que la de otros países vecinos que sí permiten incentivos por servicios distintos a los de asesoramiento, o no especifican cuándo aplicarlos.
1.500 millones por fondos
En España, una parte muy importante de los ingresos de las firmas que comercializan fondos proviene históricamente de estos incentivos (alrededor del 50% de las comisiones de gestión se retrocede). Por ejemplo, en 2019, los bancos ingresaron 1.585 millones de euros anuales gracias estas comisiones.
El nuevo planteamiento de la CNMV va mucho más allá y el impacto sobre los ingresos de los bancos españoles es mucho mayor, al extender la prohibición a todos los productos por los que permiten retroceder comisiones, incluso a pesar de que no están bajo su control.
El objetivo es evitar penalizar en exceso al negocio de los fondos. Ya que poner el foco en ellos podría provocar un trasvase de la inversión intencionado hacia planes de pensiones, seguros y sobre todo unit links, que también retroceden parte de sus comisiones.
Según la CNMV, si los ingresos de la banca por retrocesiones han disminuido en los últimos años, las ligadas a la venta de seguros, planes de pensiones y otros, han aumentado.
“El supervisor español cree que la prohibición total de las retrocesiones en fondos generaría conflicto y mucho arbitraje regulatorio entre productos financieros similares, que no tienen una regulación tan estricta”, explica Jorge Ferrer, socio de la boutiqueespañola especializada en regulación financiera finReg360. “Esto incluye a todos los productos de inversión basados en seguros con subyacente de inversión”.
Por ejemplo, un banco podría ver más atractivo vender un seguro que invierte el 100% de su cartera en un fondo perfilado para cobrar incentivos, en lugar de ofrecer al minorista el fondo directamente.
Reacciones
Las reacciones de los bancos no se han hecho esperar, y la petición del regulador ha levantado ciertas críticas en el sector.
Por un lado, los bancos admiten que este movimiento haría más transparente al negocio, que al fin y al cabo es el objetivo prioritario de Mifid II. Pero también se han apresurado a decir que esta decisión es un duro golpe para sus ingresos anuales y les obligaría a trasladar a los clientes finales nuevas comisiones para compensarlo.
Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, admite que sería una decisión perjudicial para los clientes: “Es el partícipe el que pagaría el coste de distribución, no implícitamente dentro de la comisión de gestión, sino de forma explícita y directa al distribuidor”.
En el documento que la CNMV ha remitido a Bruselas, el propio regulador admite que esta medida provocaría un “fuerte impacto” en el modelo de negocio actual de las entidades.
Por ello, sugiere también un examen en “profundidad” sobre el impacto que estos ingresos tienen en la distribución de productos de inversión a minoristas tanto en España, como en el resto de la Unión Europea, “teniendo en cuenta los diferentes modelos de distribución y los riesgos y posibles consecuencias no deseadas vinculadas a una prohibición”.